Rosa Millán se encuentra acampada y en huelga de hambre a las puertas de la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, alimentada por la rabia y la indignación de una angustiosa espera que está muy próxima a los tres años, cuando aquel fatídico 2 de febrero de 2010 una riada asolaba su vivienda en el edificio Playa del Moro, en Tabaiba Baja.

"El agua se lo llevó todo; me dejó con lo puesto". Desde entonces ha vivido huérfana de soluciones, intentado reivindicar su condición de persona y enarbolando sus derechos. "El 22 de diciembre me comunicaron que iban a abonarme algo más de cinco mil euros correspondientes a la indemnización por los enseres que perdí, pero cuando me presenté en la Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales me comentaron que la consejera estaba de vacaciones y que no había firmado la orden", señala.

Para percibir esta cantidad, Rosa Millán tuvo que cumplir el trámite de darse de alta de terceros, procedimiento por el que la tesorería de las administraciones inscribe a los acreedores, pero sin el resultado que esperaba y ahora se le acumulan el desasosiego, la incertidumbre y una rabia que ha ido incubando con los años.

Lo cierto es que los más de 300 afectados por las lluvias torrenciales de aquel infausto febrero de 2010 aún tienen pendiente de cobro una parte de las ayudas públicas prometidas, principalmente las relacionadas con el mobiliario.

Entre los damnificados se incluyen vecinos de Radazul, Tabaiba, Santa Cruz, Candelaria o Adeje y, como subrayaba la plataforma el pasado mes de octubre, muchas de estas familias tuvieron que pedir créditos para poder amueblar y acondicionar sus pisos o, en el caso de Rosa, abonar alquileres de 650 o 450 euros mensuales, con los elementos mínimos para poder vivir, cuyo importe, con carácter individual, oscila entre unos 3.000 y 5.000 euros, puesto que los daños fueron elevados.

El importe global de lo que debe abonarse a los damnificados asciende a unos 550.000 euros, cifra a la que debía hacer frente el Gobierno de Canarias, que hace dos años dijo, a través de la Disposición Adicional Sexta, que se aplicarían todas las modificaciones presupuestarias necesarias para pagar, peor como tantas otras veces incumplió su compromiso.

Ahora, en 2013, y cerca de cumplirse tres años de aquel suceso, la tragedia sigue viva.