La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) asegura que custodiar la residencia privada del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el municipio tinerfeño de El Sauzal, cuesta 11.000 al mes en dietas de los agentes de la Benemérita que desarrollan esta labor.

En esta tesitura, los oficiales de la Guardia Civil afirman en un comunicado que el presidente Paulino Rivero debe "medir sus palabras" y advierten de que la Benemérita dejará de "realizar funciones que no le corresponden" como el servicio de protección que la Guardia Civil presta en la residencia privada de Paulino Rivero, en la población de El Sauzal en Tenerife. Según este colectivo, este servicio cuesta cada mes 11.000 euros en dietas, "eso sin contar los salarios de los efectivos dedicados, que son extraídos de otras unidades, donde precisamente no sobran".

Los oficiales de la Guardia Civil consideran que el "malentendido" expresado por el Ministro del Interior respecto al conflicto creado por el despliegue de la Policía autonómica indica la "falta de decisión" de la delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, y su "puesta en evidencia". Según la UO, Carolina Darias convocó una reunión para la puesta en marcha de los protocolos de coordinación policial entre Fuerzas de Seguridad del Estado y policía autonómica, reunión a la que los representantes autonómicos rehusaron acudir.

En esta coyuntura, la Unión de Oficiales Guardia Civil, expresa "una vez más su indignación por la forma en que se ha puesto en marcha la Policía autonómica canaria, ya no sólo por el despilfarro que ha supuesto la inversión en formación y equipamiento, sino

queriendo usurpar las funciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado a escondidas, a

lo que se añade el próximo desembolso que Paulino Rivero ha ido a pedir al Ministro

Rubalcaba, a fin de que sea el Estado quien asuma los gastos de su despliegue. Todo ello dentro del marco de acuciante crisis económica que sufre el país".

Los Oficiales de la Guardia Civil desean dar a conocer que guardias civiles y policías nacionales mantienen sus servicios en edificios como el Parlamento de Canarias o Presidencia del Gobierno, edificios públicos en los que se invierten hasta 50 guardias civiles en las islas, sin contar con los policías nacionales en funciones similares.

A juicio de la UO, los policías autonómicos, "anunciada su creación a bombo y platillo", deben "ponerse a trabajar en lo que deben, hacerse cargo de sus competencias propias en materia de custodia de menores delincuentes y custodia de personas, organismos y edificios

autonómicos".