La delegación canaria de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) animó ayer a los hipotecados a reclamar que sus bancos y cajas retiren las cláusulas de suelo que les hayan impuesto. Se trata de aquellas que limitan el efecto de la caída de los tipos de interés que rigen los préstamos, en especial el euribor, y, por tanto, impiden rebajar las cuotas.

En una rueda de prensa celebrada en Tenerife, el delegado de Ausbanc en Canarias, Jerónimo Barrera, señaló que en el Archipiélago las entidades financieras "mantienen a su clientela desinformada", tanto sobre la existencia de esas cláusulas en sus hipotecas como sobre la evolución del euribor, que en estos momentos, cuando el mismo se sitúa en el 1,243%, debería beneficiarla.

Así, con el indicador de referencia para la revisión de estos créditos en el nivel más bajo de su historia, quienes deban revisar su hipoteca -se utiliza como ejemplo una de 150.000 euros con un diferencial euribor más el 0,8%- tendrían que ahorrarse unos 4.000 euros anuales, ya que hace un año el índice se situaba en el 5,248%. Lo más habitual es hacer el cálculo de los intereses una vez al año o, en su defecto, cada seis meses.

Este ahorro se evapora con las cláusulas de suelo, recalcó Barrera. Insistió en que aplicarlas "es un abuso" y que la ley las considerará "nulas", puesto que, pese a responder a un pacto contractual, perjudican al cliente. Éste, además, desconoce en muchas ocasiones que está sujeto a ese tope por la "deslealtad y falta de transparencia" de los bancos y las cajas.

"Cuando una de las partes no participa en la redacción del contrato se abre la puerta al abuso", apostilló el letrado de los servicios jurídicos de Ausbanc Canarias José Miguel Velázquez. Recordó que el pasado 23 de septiembre el Senado instó al Banco de España a elaborar, en el plazo de tres meses, un informe sobre esas disposiciones con el objetivo de que el Gobierno luego las prohíba.

Velázquez señaló que "muchísimos clientes se resignan por haber firmado una escritura pública, pero deben animarse a reclamar y, si tienen que llegar al Banco de España o a los tribunales, que no dejen de hacerlo".

Barrera, que echó de menos una acción más enérgica del Senado -vía decreto ley-, reclamó al Gobierno que "se mueva con rapidez para evitar más daños".