La Oficina del Defensor del Pueblo considera que la devolución "colectiva" a Nigeria con prohibición de entrada por tres años de 62 inmigrantes, entre los que había niños, ejecutada por un juzgado de Motril (Granada) "no se ajusta a derecho" porque no se hizo de manera individualizada, no se escuchó a los implicados ni se garantizó su derecho de defensa.
La devolución de estas personas se produjo el 27 de octubre y fue denunciada por el partido político "Por un mundo más justo" porque entre las personas expulsadas se encontraba una niña subsahariana de cuatro años de edad que fue deportada junto a su madre y separada de su padre desde el CIE de Málaga hasta Nigeria, pese a que insistieron en que eran nacionales de Sierra Leona.
El Defensor destaca que "no consta" que se haya escuchado individualmente a cada interesado en presencia de un letrado, "por lo que no pueden considerarse garantizados en su plenitud el principio de contradicción ni el derecho de defensa", de modo que no se pudo comprobar si alguno de los inmigrantes se encontraba en situación de necesidad de protección.