Reclaman una ley de ingresos mínimos para erradicar la pobreza en España

EFE, Madrid

La Fundación Alternativas propuso ayer la creación de una agencia estatal dependiente de la Presidencia del Gobierno que coordine las políticas autonómicas en la lucha contra la pobreza, proponga acciones y vele por el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Inclusión Social. La fundación propone también una ley que garantice unos ingresos mínimos.

La iniciativa se recoge en el estudio "La dimensión territorial de la pobreza y privación en España", presentado por su autor, Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura y por el presidente de la fundación, Nicolás Sartorius.

Para ambos, esta agencia estatal debería coordinar las actuaciones de los diferentes ministerios y comunidades autónomas a fin de que las políticas sociales, económicas, educativas y sanitarias sumen sus acciones en la lucha contra la pobreza en España, un problema que, según datos referidos a 2004, afecta a alrededor de nueve millones de personas.

El informe plantea también una ley que garantice unos ingresos mínimos y que se incorporen al cuadro de indicadores sociales y económicos los índices de exclusión social "para que los ciudadanos sean conscientes de la dimensión del problema", tal y como afirmó el autor.

Además, propone la creación de una red de centros o equipos de investigación financiada en parte por el Fondo Social Europeo que la Comisión Europea dedicará en 2010 con motivo del Año Europeo contra la Pobreza y Exclusión Social.

Encuesta

Según los datos recopilados de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares y el Panel de Hogares de la Unión Europea, el informe concluye que en 2004 el 20 por ciento de las familias en España vivieron por debajo del umbral de la pobreza, es decir, sus rentas fueron inferiores al 60 por ciento de la renta media española.

Los individuos que más padecen una situación de pobreza son los parados, un tercio de ellos son pobres, seguidos de los jubilados (25,9%), y los que trabajan a tiempo parcial (23,4%)

Por comunidades autónomas, Extremadura (36,63%), Andalucía (30,91%) y Castilla-La Mancha (30,17%) son las regiones con mayores tasas de pobreza frente a Madrid (9,80%), País Vasco (11,72%) y Cataluña (12,97%).

Respecto a la privación o ausencia forzosa de bienes, y con datos de la referidos a la Encuesta de Condiciones de Vida de 2004, el 43,9 por ciento de los hogares no puedo permitirse irse de vacaciones fuera de casa una semana al año, el 14 por ciento no dispone de microondas y el 12,5 por ciento de ordenador personal.

Según explicó el autor, los colectivos donde más incide la pobreza son los menores de 16 años (21,27%) y los mayores de 65 años (27,03%), mientras que los hogares monoparentales encabezados por mujeres padecen más esta situación que los que tienen de referencia a un hombre, 21,5 por ciento frente a 19,1 por ciento.

"Las variables claves del fenómeno de la pobreza son el desempleo y el nivel educativo" ha destacado Pérez quien ha subrayado que el hecho de vivir en una región determinada no condiciona que los individuos tengan más probabilidad de ser pobres.

Los indicadores precisan que, en España, hay en torno a un 20 por ciento de hogares en situación de pobreza "relativa" y otros tantos que sufren algún tipo de privación, como la imposibilidad de disponer de una semana de vacaciones al año, no comer carne, pollo o pescado cada dos días, falta de calefacción en el hogar o retrasos en los pagos corrientes, por ejemplo.

Estas estadísticas varían según las comunidades autónomas y operan también factores como el desempleo, el nivel educativo, la edad, el sexo, o la presencia de un discapacitado en el hogar, ya que el riesgo de exclusión es mayor entre los parados, los menores de 16 años y los mayores de 65, y entre las mujeres.

La garantía de rentas mínimas -llámese salario social, renta de integración- y la protección de la pobreza es competencia de las comunidades autónomas, y este hecho "provoca diferencias entre cada una de ellas, tanto en el importe de la prestación, como en las condiciones de aplicación, recalcó Jesús Pérez Mayo.

Luchar contra la pobreza y la exclusión exige políticas más allá "de una simple transferencia de recursos hacia los individuos u hogares más desfavorecidos".

Hacen falta, a su juicio, políticas coordinadas de todas las administraciones, instituciones y agentes del Tercer Sector.

Asimismo se precisa una red de centros o equipos de investigación sobre la pobreza y la exclusión, financiada en parte con dinero del Fondo Social Europeo, capaces de impulsar la investigación sobre estas cuestiones y de dirigir certeramente las políticas públicas.