Anticorrupción centró su acción en las Islas en 2006 en cuatro nuevos presuntos casos

N.M., S/C de Tenerife

De la mano de la implantación en Canarias de los dos delegados de la Fiscalía Anticorrupción, Luis del Río y María Farnés Martínez, la Comunidad autónoma no ha sido ajena a la intensa actividad desplegada en todo el Estado por este organismo el año pasado, en el que intervenía ya en 178 procedimientos penales frente a sólo 62 en 2005, según consta en la memoria de la Fiscalía especial referida a 2006, recientemente publicada.

A causa principalmente de la mayor importancia que la sociedad ha ido concediendo a la corrupción urbanística, su actividad ha ido creciendo paulatinamente desde las 55 causas en las que trabajaba hace una década. De hecho, el año pasado, Anticorrupción interpuso un total de doce querellas, entre ellas la del "caso Las Teresitas", frente a las siete que habían centrado su actuación en 2005.

Entre las 62 nuevas causas se encuentran cinco que han salpicado en los últimos meses la vida política del Archipiélago, un territorio en el que la Fiscalía intervenía el año pasado en un total de 8 procedimientos.

Los nuevos casos con mayor resonancia mediática fueron los denominados "Parque Marítimo Anaga" y "Las Teresitas" en Tenerife y "Eolo" y "Faycán" en Gran Canaria. Es a los dos primeros a los que la memoria de Anticorrupción referida al año pasado concede una atención especial. El documento los incluye junto a otros con enorme repercusión social, como el de Andratx, en Palma de Mallorca, o la investigación por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y contra la ordenación del territorio que recaen sobre el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz.

De todos ellos dice que son un ejemplo de "aparición pública y reiterada de prácticas administrativas impropias en el área urbanística y muchas de ellas con connotaciones de corrupción por parte de las autoridades y funcionarios".

Tras admitir el aumento de casos de presunta corrupción detectados en España en sólo un año, la Fiscalía concluye que no significa que antes no existieran y atribuye el auge a una mayor concienciación social y a la existencia de jueces y fiscales dispuestos a ocuparse de asuntos que "no atraían hasta ahora especial atención".

Además, explica que la mayor coordinación entre los agentes que intervienen en los procesos, los éxitos logrados en algunas operaciones y una mejor formación han contribuido a poner de relieve un fenómeno que hasta ahora apenas había tenido relevancia social.

Los ocho casos de los que ambos se ocuparon de una u otra forma el año pasado en el Archipiélago son los siguientes:

Dimas Martín.- En su memoria, la Fiscalía recuerda su intervención el año pasado en un caso que llevó a la condena del ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, por malversación de caudales públicos, contra Hacienda y la Seguridad Social.

Arona.- Investigación por posibles delitos contra Hacienda y la Seguridad Social en este municipio de los que se acusa a varios ciudadanos extranjeros.

Parque Marítimo Anaga.- Investigación sobre la licencia para la construcción de un puerto deportivo y la recalificación de parcelas en Santa Cruz de Tenerife.

"Caso Icfem".- Caso por supuesto fraude en la concesión de ayudas europeas por parte del antiguo Instituto Canario de Formación y Empleo. El pasado 2 de octubre se dictó un auto de apertura de juicio oral tras formularse la acusación por parte de la Fiscalía.

Albanokosovares.- La Fiscalía intervino en la investigación tras la desarticulación de una banda de ciudadanos albanokosovares acusados de robos con fuerza.

"Caso Faycán".- Investigación iniciada por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación tras la denuncia de un particular.

"Caso Eolo".- Investigación contra el ex director general de Industria del Gobierno canario y otras personas por presunta información privilegiada sobre el concurso para la instalación de energía eólica que preparaba el Ejecutivo.

"Caso Las Teresitas".- Investigación judicial abierta contra el alcalde de Santa Cruz, ex portavoces municipales, empresarios y funcionarios vinculados a la operación de compra-venta del frente de playa de Las Teresitas.