N. MARTÍN, S/C de Tenerife
Nacionalistas y populares llegaron ayer al Pleno del Parlamento con una pequeña -aunque de calado- reforma electoral debajo del brazo y salieron de allí con un órdago a la grande del portavoz adjunto de los socialistas, Julio Cruz, que fue más allá y reto a ambos a ahondar en los cambios y llegar a la siempre compleja cuestión de los exigentes topes electorales de la legislación canaria.
Cruz anunció en la Cámara la presentación de una enmienda que los situaría en el 3% insular y en el 15% regional, la mitad de los actualmente vigentes y que ya estaban contemplados en el nuevo Estatuto de Autonomía, por lo que no entrarían en vigor antes del final de la legislatura.
La propuesta socialista fue realizada ayer durante el debate de prinmera lectura del proyecto de ley que se votará finalmente el próximo 16 de abril en el que, previsiblemente, será el último pleno de la legislatura.
La propuesta del Gobierno pretende que el escrutinio del voto emigrante no se inicie al tercer día de cerrar las urnas, sino al octavo y hasta el undécimo, lo que evitaría, a juicio de CC y PP, que un mal funcionamiento de los servicios de correo deje sin contabilizar miles de sufragios, como ha ocurrido en convocatorias anteriores.
Mientras el consejero de Presidencia del Ejecutivo regional, José Miguel Ruano, defendió que la reforma tiene como único fin hacer efectivo el derecho a voto de los emigrantes y que éstos no se queden sin hacerlo efectivo únicamente por cuestiones técnicas, el diputado de CC Alfredo Belda incidió que se trata de facilitar el ejercicio del sufragio y acusó a los socialistas de oponerse porque consideran que la propuesta no les beneficia.
"¿Por qué no quieren facilitar ese ejercicio? ¿será porque las cuentas no les salen?", se preguntó Belda, quien insistió en que la reforma se aplicará ya en estas elecciones pese a las dudas de los socialistas al respecto.
Poco antes, Julio Cruz se había mostrado convencido de que la ley entraría en vigor después de las elecciones al considerar que, de lo contrario, supondría cambiar las reglas del juego, el sistema electoral, una vez que han sido convocadas las elecciones. "Sería -añadió- jugar con una baraja trucadas", al tiempo que pidió consenso para abordar una reforma tan importante.
En la misma línea, el portavoz del Grupo Popular, Jorge Rodríguez, que semanas antes había adelantado la posición contraria de los suyos al proyecto de ley, recordó que las instituciones deben conformarse según la voluntad mayoritaria de los ciudadanos e incidió en que "se ha constatado la llegada de numerosos votos fuera de plazo determinado por la ley" a pesar de haber ejercido el voto "en tiempo y forma", por lo que defendió la reforma para "minimizar que buen número de votos se pierdan por el camino" y equiparar así las oportunidades de emitir su sufragio a residentes y emigrantes.
Pero el portavoz adjunto de los socialistas tenía guardada una baza: si el resto de grupos están por la labor de modificar la ley electoral para garantizar el derecho a voto de los emigrantes, dijo, debían apoyar también la rebaja de los topes para asegurar que un buen número de votos a formaciones minoritarias no se queden fuera del sistema.
"Si hay algo que reformar en Canarias no es el plazo del recuento, sino las barreras electorales y el derecho de acceso de las fuerzas que tienen votos y no están sentadas en esta Cámara", explicó.
"En los próximos días veremos. Ésta es la oportunidad de que el futuro Parlamento refleje la pluralidad. Para los socialistas -añadió-, tener el 3% y el 15% de los votos son razones suficientes para estar en esta Cámara".
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