Impulsado por la Unión Europea para recuperar la movilidad. Pero en España, y su legislación, los juristas avisan: el pasaporte COVID genera problemas. Por no proporcionado y, sobre todo, por discriminatorio, al ligarlo a la vacunación. "Las vacunas no están en el mercado, no hay vacunas para todos y no a todos les ha tocado el turno de vacunación y, por tanto, hay españoles que no están vacunados no porque no quieran, sino porque no pueden", explica Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Y, en segundo lugar, el mensaje indirecto que transmite. "El obligarse a someterse a la vacunación, que ahí estaríamos dentro de una vulneración al derecho fundamental de la integridad física de cada uno", subraya Leire López Pina, directora jurídica de Vosseler Abogados. Y una duda más: sus posibles usos. "No es lo mismo negarle el embarque en una aeronave a un ciudadano, que negar la escolarización a un menor por el hecho de no tener el pasaporte COVID", apunta Flores Juberías.

La solución, como ya han hecho otros países, pasa por la política. "Creo que podría solucionar este problema fundamentalmente a través de una ley de pandemias que regulara esto", sentencia López Pina. Una ley estatal para dar, a la ciudadanía y a las autonomías, cobertura jurídica total. La sanitaria ya es otra historia. "A mí lo que me da miedo es que el pasaporte lo que, precisamente, dé una sensación de falsa seguridad", indica José Luis Morales, coordinador de la Planta Covid del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. "Es decir, estoy vacunado, me muevo y relajo las medidas". Y estamos en plena quinta ola. Y ni la vacuna evita los contagios. "No es lo mismo que un 1% de vacunados coja la enfermedad si hay 100 casos que si hay 23.000 casos", destaca el doctor Morales. Así que, con documento o no, mascarilla, distancia social e higiene de manos.