En solo cuatro años, Canarias y Baleares han pasado de ver playas, parques y hoteles vacíos a exigir medidas contra la masificación, el alquiler vacacional y la deficiente redistribución de las rentas que genera la actividad. Es el recorrido económico-social entre la peor fase de la pandemia del covid y las manifestaciones que se han ido celebrando en Mallorca e Ibiza o las que abarrotaron las principales ciudades de Canarias el pasado 20 de abril, en especial Santa Cruz de Tenerife, donde más de 32.000 personas clamaron por un cambio en la gestión del negocio turístico que, y aquí está una de las claves del debate, representa en los dos archipiélagos cerca del 40% de sus respectivos PIB.
