Tenerife, en particular, y Canarias, en general, configuran una de las zonas más contaminantes del país por vertidos al mar. Por ello, la Unión Europea sanciona a España con 600.000 euros cada seis meses, que paga el Gobierno regional. La situación es más grave en la provincia Occidental porque en Tenerife se encuentra casi la mitad de los puntos de vertido. El Ejecutivo autonómico ha censado un total de 434 lugares por los que se vierte al mar en el Archipiélago. De ellos, el 45% (195) se localizan en Tenerife, mientras Gran Canaria registra el 29% (125). El dato es más grave si se mide por provincias, ya que en la de Santa Cruz de Tenerife se localiza el 52% de los vertidos (227), por lo que el 48% restante (207 vertidos) pertenecen a la de Las Palmas.
El sur tinerfeño aparece como el punto más conflictivo. El frecuente cierre de playas es una consecuencia del mal funcionamiento de los emisarios submarinos y de la proliferación de vertidos incontrolados. Una situación a la que trata de poner remedio el Cabildo. De los más de 200 millones de euros que están comprometidos en obras (con proyecto, en fase de licitación, en ejecución o a punto de culminar), la comarca recibe inversión por más de 141 millones de euros.
Pedro Martín, presidente de la Corporación insular, mantiene el discurso de que el gobierno que preside «ha dado un impulso definitivo para resolver el grave problema de los vertidos en Tenerife». Lo sintetiza en tres frases: «Pasamos de las palabras a la acción. Lo nuestro son los hechos. Estamos invirtiendo como nunca antes se había hecho en el tratamiento de aguas, no solo urbanas, sino industriales».
Entiende que hay mucho trabajo que hacer en esta materia ante el déficit «brutal» que padece la Isla en infraestructura de saneamiento, «pero son obras muy necesarias y que aportan solo beneficios», tanto en materia ambiental como en economía y en calidad de vida.
El caso del Valle de Güímar (Candelaria, Arafo y Güímar) es paradigmático. La Villa Mariana lleva muchos años padeciendo el cierre intermitente de sus playas: una, dos, tres o todas a la vez. El motivo más frecuente es un vertido de aguas residuales por defecto o mal funcionamiento de emisarios submarinos. En Güímar, El Puertito y El Socorro también sufren el mismo mal, aunque con menos intensidad.
Depuradora industrial del Polígono Valle de Güímar.
Pero es el complejo industrial del Sureste el motivo principal de la sanción semestral de 600.000 euros que paga el Gobierno de Canarias a la Unión Europea. Además de haber estado durante años en situación de ilegalidad, el emisario submarino era deficiente. La solución pasa por la Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari). Una obra de seis millones que desde el pasado marzo permite que el vertido de agua industrial de este Polígono se realice con pleno control y sin carga contaminante. Lo asegura Javier Rodríguez, consejero insular de Desarrollo sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático. Explica que en la actualidad se trabaja en «instalar una nueva tubería de evacuación de agua depurada» para una depuradora que «es una solución que necesitaba y demandaba el Polígono Industrial y, por consiguiente, los tres municipios, desde hace más de treinta años».
Esta depuradora industrial resuelve el problema de ese complejo, pero la comarca sigue contaminando a través de emisarios. La solución pasa por la depuradora que está en construcción muy avanzada (en torno a 14 millones de euros de coste). El problema será la red para trasladar las aguas negras del Valle de Güímar a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (Edaru).
Acuaes.
Para resolver los problemas de vertidos, el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), lleva a cabo la construcción de depuradoras y desaladoras en la Isla, algunas a través de un convenio con la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España, SA (Acuaes), «el mayor convenio de la historia del Cabildo, y esto ya no son compromisos políticos, son realidades», apunta su presidente. Firmado en 2020, contempla una inversión de 170 millones de euros, que ya supera los 200 millones, puntualiza Pedro Martín. Ya está otorgado en un 80%, al haber sido adjudicados 140 millones de euros en cuatro de las cinco grandes obras que componen el acuerdo.
Todas las actuaciones mejorarán el saneamiento y la depuración de los sistemas territoriales de Arona Este-San Miguel, Oeste, Acentejo, Granadilla de Abona y Valle de la Orotava.
Pedro Martín se muestra muy satisfecho de este convenio porque «dará respuesta a un grave problema que arrastra la Isla desde hace muchos años». Destaca que con su ejecución «se alcanzará el 90% de depuración de las aguas residuales». Con un plus, añade: «También se logrará la reutilización de tal agua en beneficio del sector primario».
Obras en marcha.
En el marco de este convenio, se encuentra en ejecución el sistema de depuración y reutilización de aguas residuales de Granadilla de Abona, que incluye la depuradora de Los Letrados. La inversión es de 31 millones de euros. El inicio de la estructura se demoró por el traslado de ejemplares de escarabajos.
En marcha está el sistema de depuración y reutilización de aguas residuales del oeste, con inversión de 27 millones de euros, así como los trabajos de la depuradora (11,1 millones), bombeos e impulsiones en costa (8,8 millones) y la estación de tratamiento y bombeo de Playa de San Juan (4,9 millones). Esto permitirá elevar las aguas negras de la costa de Guía de Isora y Santiago del Teide a la nueva depuradora.
Montaña Reverón.
Una de las inversiones más elevadas que recibirá Tenerife en materia de depuración es el denominado Sistema de Arona Este-San Miguel. O sea, la depuradora de Montaña Reverón. Las obras están adjudicadas desde el pasado junio, por un importe de 41,5 millones de euros, y un plazo de ejecución de dos años, empleando año y medio en su construcción y el medio restante, en probarla.
Metropolitana y Norte.
Respecto al resto de la Isla, el Cabildo también incluye en ese convenio con Acuaes el ya adjudicado, por 9.721.012 euros, contrato para construir los colectores del saneamiento del Valle de la Orotava. Además, el Gobierno central acaba de aprobar otros 25 millones de euros para ampliar y remodelar la depuradora comarcal de Puerto de la Cruz. Fuera del acuerdo con el Estado, el Cabildo menciona La Campana, para cuyo desarrollo la Corporación que preside Pedro Martín aportó 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de El Rosario. Es la primera de este tipo puesta en servicio y trata un caudal medio diario de 250 metros cúbicos, dando cobertura a unas 270 empresas radicadas en el Polígono Industrial rosariero.
Cobrar por verter.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, tiene claro que «a día de hoy, es barato incumplir porque las sanciones son reducidas» en materia de vertidos. Ante el Parlamento de Canarias, en la sesión celebrada el pasado 22 de julio aseguró que «con la Ley de Economía Circular planteamos no solo un incremento de sanciones, sino algo que Canarias no tiene, por falta de marco legal para poderlo establecer, que es un canon sobre cualquier tipo de vertido».
El más común de ellos en el Archipiélago es el de agua residual urbana, que representa el 54%, seguido de los vertidos de agua salada procedentes de piscinas (14%) y la salmuera (13%).
Plan Hidrológico.
El pasado julio, el Cabildo aprobó de forma provisional el Plan Hidrológico de Tenerife del tercer ciclo para el periodo 2021-2027. «El objetivo es acabar con los vertidos de aguas residuales en la Isla», señala el presidente. En el documento se incluye un diagnóstico pormenorizado de la demarcación hidrográfica de Tenerife, por municipios y núcleos urbanos, así como los objetivos que se plantean hasta el año 2027. Asimismo, incluye el programa de medidas que la Administración insular proyecta para hacerlos cumplir.
