El operativo que desde el martes comenzó el desalojo del Barranco del Agua o Camino de la Virgen, en Adeje, concluyó con sesenta personas que residían allí fuera del lugar. El Ayuntamiento de Adeje, a través del Área de Seguridad y Bienestar Comunitario, explicó ayer que se trató de una acción para «la recuperación del paraje natural, tras el asentamiento ilegal de numerosas personas en casetas y otro tipo de construcciones que no reunían las condiciones mínimas de seguridad y salubridad». El tramo del camino afectado se inicia en la zona de Fañabé y finaliza en San Sebastián.
El gobierno municipal aseguró que la intervención «es fruto de un seguimiento pormenorizado y una valoración del estado de la zona», con un trabajo en común con Guardia Civil, Policía Nacional (sección de Extranjería), Policía Local, Cruz Roja, personal técnico de Gesplan y del Ayuntamiento, quienes diagnostican la situación y definen las actuaciones.
De ese trabajo se desprende que se requiere solucionar «de manera urgente» situaciones que suponen «riesgo para la seguridad de las personas», al habitar lugares que no están habilitados para ello, además de que se produce «un grave atentado contra el medio ambiente, por la cantidad de enseres y basura acumulada en todo el paraje de manera incontrolada».
Identificación y valoración
La primera acción que se lleva a cabo es la notificación e identificación de las personas que han ocupado y se asentaron en la zona. El objetivo es «valorar sus necesidades habitacionales» y definir el grado de vulnerabilidad para estudiar las medidas de ayuda y «ofrecerles alternativas».
En la primera semana de abril, los 60 identificados reciben la comunicación oficial de que tienen 10 días para abandonar de forma voluntaria el lugar, por incumplir la Ley del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias 4/2007.
El martes, primer día del operativo, los cuerpos y fuerzas de seguridad advirtieron que la mayoría había abandonado el lugar, aunque dejando muchos residuos y estructuras. A quienes permanecen, los agentes recuerdan que cometen una infracción y deben salir de la zona, pero algunas reiteran su voluntad de continuar.
Para los casos de personas en situación de vulnerabilidad, Cruz Roja habilita un agente social para ofrecer recursos habitacionales alternativos a los necesitados y evitar el desamparo. El gobierno adejero informó ayer de ofertó reubicar en recursos municipales a dos personas con índices de vulnerabilidad, rechazando una la propuesta y aceptando la otra, pero abandonó el lugar antes de ser trasladada al alojamiento.
En los dos días del dispositivo, los efectivos levantaron 17 actas por infringir la Ley del Suelo y de Espacios Protegidos de Canarias y «por la grave modificación que ha sufrido el entorno» debido a las autoconstrucciones y «al depósito de enseres, residuos y basura que producen un daño grave al medio ambiente».
El gobierno adejero afirmó que la zona está «muy deteriorada» por «la gran cantidad de residuos y construcciones» y por pintadas en el patrimonio natural e histórico. El operativo retiró más de 12 toneladas que han sido transportadas hasta la planta de tratamiento en Arico. «Una vez acometida la limpieza, el Ayuntamiento de Adeje procederá a la reintegración del lugar a su estado original a través de diversos planes, que serán desarrollados de la mano de otros organismos», aseguró.
