El Cabildo cambia el paradigma del cobro por la tasa de residuos a los 31 municipios de la Isla. Lo hace en base al «nuevo y ambicioso» contrato por más de 700 millones de euros, el más importante en la historia de la institución, adjudicado el pasado año a la UTE Nivaria (Urbaser-FCC/Saspe) para la gestión de la basura que llega al Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), ubicado en Arico. Hay que cumplir con lo que marca Europa y está muy claro: «Quien contamina, paga». Lo asegura Javier Rodríguez Medina, consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático. Responde así a la denuncia del Partido Popular, a través del consejero Valentín González, de que a partir del segundo semestre del año próximo «se pretende subir la tasa en más seis puntos, hasta un 14,5%, un auténtico sablazo». Rodríguez Medina matiza: «Sube ese 14% para los que no separen en origen. Los que hagan tendrán una rebaja de hasta el 10%».
El consejero del PSOE explica para poner en contexto que «hasta 1985, cuando se crea al PIRS, no había ningún modelo en la gestión insular de residuos sino más de 200 vertederos ilegales donde se acumulaba la basura hasta colmatarse y entonces tenía que ser quemada. No había otra cosa».
En esa fecha, añade, «debuta el contrato con la empresa Vertresa UTE por 30 años». Caduca el 31 de diciembre de 2015 sin posibilidad de prórroga y, señala el consejero, «durante seis años se ha mantenido, al tratarse de un servicio esencial, sin cumplirlo del todo y con el reparo anual de Intervención» .
Medina subraya: «El presidente Pedro Martín me mandata a acabar con esta situación por ser una anomalía administrativa y por la búsqueda de un modelo más sostenible en la gestión de los residuos. Y es lo que hemos hecho con este nuevo contrato que contempla múltiples mejoras».
«La tasa sube para los que no cumplen, pero baja un 10% para los que separan en origen»
Uno de los ejes fundamentales del nuevo modelo es que «quien contamina, paga» , algo que, añade, «marca Europa como en otros ámbitos similares, caso del efecto invernadero o de la contaminación de los vehículos».
El contrato actual que, reconoce el consejero, «es más caro y por eso planteamos una subida de las tasas, pero para aquellos municipios que no quieren ir en la línea de la sostenibilidad. Los que sí lo hagan con la separación en origen, tendrán, por contra, una rebaja de hasta el 10%». Recuerda el consejero socialista que «hay dos tramos que marca el nuevo contrato: «El A establece la recogida selectiva y ahí se pasa de la tarifa actual de 3,66 (euro por habitante) a 3,30; en el B, los residuos en masa, era de 41,57 (euro por tonelada) hasta alcanzar 47,60».
Así se le ha comunicado a los 31 municipios de la Isla a través de una circular. Es decir, argumenta Rodríguez Medina, «los municipios que no vayan en la línea de separar en origen, la que establece Europa, pagarán más». Lo resume en una frase: «La nueva tasa no plantea una subida sino una bajada para aquellos municipios que separen en origen (a través del quinto contenedor, el orgánico, básicamente)». Rodríguez Medina concluye con una explicación sobre competencias de las administraciones públicas: «El Cabildo gestiona los residuos pero no los recoge. Cada municipio tiene su propio contrato en este ámbito».
«Subida escandalosa»
Valentín González, por su parte, califica de «escandalosa» la subida: «Este sablazo a los Ayuntamientos y a los ciudadanos es incomprensible en un contexto de crisis económica sin precedentes como el actual». González Évora recuerda que «el Cabildo impondrá esta medida, por un cambio normativo, a partir del segundo trimestre del año 2022». En el primero tendrá que cumplir diversos trámites como la publicación de las nuevas tasas. El consejero popular calcula que «obtendrán 3,6 millones de euros más (1,9 por incremento de la recaudación y otro 1,6 por el aumento en la variación de toneladas y habitantes».
«Aumentan su afán recaudatorio, pero son ineficientes en la valorización»
Lo considera «un ataque directo al bolsillo de los tinerfeños». Y subraya: «Este Cabildo castiga sistemáticamente al municipalismo, de forma injusta e insolidaria, como se escenifica con el caso de Arico». Lo explica: «Sus vecinos no solo tienen que soportar las consecuencias de tener en su territorio el Complejo Ambiental, sino que, además, deberán pagar este año casi 300.000 euros de tasas, sin que el Cabildo dé cumplimiento a los convenios que históricamente han suscrito ambas administraciones para compensar al municipio sureño por albergar el CAT, a donde van a parar los residuos generados en toda la Isla».
González resume: «El gobierno insular incrementa su afán recaudatorio, pero sigue siendo ineficiente en el proceso de valorización de residuos». El PP calcula que «la tasa aumentará hasta en seis puntos y un 14,5% en 2022, tal y como reflejan las estimaciones del próximo ejercicio para cada ayuntamiento».
Valentín González insiste en calificar esta subida como «escandalosa» porque «el gobierno insular incumple todos los objetivos marcados en el proceso por la valorización de los residuos sólidos».