De nuevo el municipio de Arona tendrá que hacer frente al pago de indemnizaciones, como consecuencia de convenios urbanísticos suscritos en la etapa de gobiernos anteriores –en este caso de Coalición Canaria– al frente del Ayuntamiento. En esta ocasión los abonos por sentencias heredadas ascienden a la cantidad de 4,1 millones de euros, resultado de dos operaciones fallidas.
La primera de ellas está relacionada con la construcción de viviendas sociales en el año 2008 en un suelo privado, ubicado en el núcleo de La Camella que nunca fue urbanizado y, por tanto, tampoco fue recepcionado por el municipio. La segunda de las operaciones truncadas tiene un carácter más icónico, ya que se refiere al suelo en el que se ubican los módulos prefabricados del IES de Guaza. Los terrenos son de propiedad particular y el Ayuntamiento se comprometió a recalificarlos en el Plan General de Ordenación (PGO) a cambio de ocuparlos. Al ser anulado el planeamiento por la Justicia, y no poder cumplir su compromiso, el municipio se ve en la obligación de pagar los alquileres generados desde el año 2002, que ascienden a 1,39 millones de euros.
En el primero de los casos el origen de esta situación se remonta al año 2002, cuando el entonces gobierno de Arona firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja, concretamente la firma Wolding Estudio SL. En virtud de aquel acuerdo, la empresa constructora cedía al municipio una parcela con una superficie total de 1.039 metros cuadrados, que se correspondía con el 10% de cesión obligatoria que debía percibir.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribía con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y que también contenplaba el mismo número de plazas de aparcamiento. Como parte del acuerdo se cedía para ello la parcela anterior, mientras la corporación asumía el compromiso de remover todos los obstáculos, de manera que el suelo quedase urbanizado y Visocan pudiera poner esas viviendas a disposición de los usuarios.
Desoyendo a los servicios jurídicos.
En septiembre de 2008, la Junta de Gobierno Local concedía la licencia urbanística para la construcción de esas viviendas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia por parte de los servicios jurídicos del área de Urbanismo en la que se hacía constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de aquel año, sin que hubiera realizado la actuación. A pesar de esta indicación, el grupo de gobierno de aquella época siguió adelante con el proyecto y concedió el permiso.
Cuando las viviendas terminaron de construirse y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche al suministro de agua y electricidad, se encontró con el inconveniente de que no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca se había completado y, por tanto, las viviendas no podían ponerse a la venta, lo que desembocó en un litigio en el que la corporación fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.
Módulos prefabricados.
En cuanto al IES de Guaza, una sentencia obliga al Ayuntamiento de Arona a resarcir a los propietarios del suelo que ocupan los módulos prefabricados, situación que se remonta al año 2003.
En esa fecha, la corporación firmó un convenio en el que se comprometía a recalificar el terreno en el PGO para convertirlo en urbanizable, a cambio de poder usar el suelo. El propio documento firmado establecía que, en caso de que este PGO no culminara, sería necesario abonar las rentas desde el año 2002 en adelante. Finalmente, eso fue lo que ocurrió. Primero, en septiembre del año 2013, cuando el PGO fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sentencia que fue confirmada en julio de 2015 por el Supremo. La consecuencia para las arcas municipales será el abono de casi 1,4 millones.
El PP pide «explicaciones»
El PP en Arona pide explicaciones sobre los motivos que llevan al Ayuntamiento a pagar 4,5 millones de euros en sentencias judiciales. La portavoza del PP, Águeda Fumero, censura que el grupo de gobierno dé a conocer que tendrá que abonare esa cantidad en indemnizaciones por sentencias judiciales, «producto de la ineficacia y la incompetencia en la gestión de un equipo roto por la mitad, incapaz de gestionar los recursos públicos». Según los populares, el Ayuntamiento debe pagar 3,2 millones a Visocan por no entregar las viviendas sociales de La Camella y 1,3 millones a los propietarios del solar donde se ubican los barracones del IES Guaza. En este contexto social y económico, «este dinero debería estar destinado a socorrer a las familias aroneras que tan mal lo están pasando en esta crisis, en lugar de sufragar la incompetencia de este alcalde». El PP denuncia que «estra incompetencia y la falta de gestión del alcalde del municipio (el socialista José Julián Mena) condena al Ayuntamiento a pagar 4,5 millones de euros por orden judicial, en concepto de indemnización por incumplimiento de convenios». Fumero explica que durante la comisión de hacienda celebrada este jueves, la concejal responsable del área, Raquel García, señaló la necesidad de «dotar de crédito este abono de obligado cumplimiento, pero en ningún caso dio explicaciones sobre las razones que nos han hecho llegar a este punto».
