La Sección II de la Audiencia Provincial prevé resolver hoy la situación en la que queda el empresario Ignacio González, es decir, si ingresa en prisión o no, para cumplir la condena de cinco años y tres meses de cárcel impuesta por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos en el caso Las Teresitas, referido a la venta al Ayuntamiento de la capital tinerfeña de unos terrenos en el frente de la playa y sus alrededores por un precio muy superior al objetivamente establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas, así como por un departamento de la Universidad Carlos III y la empresa Pool Gest.
Ignacio González fue el único de los cuatro condenados con riesgo de fuga sobre el que se dictó orden de detención e ingreso en la cárcel de forma inmediata el pasado lunes que no llegó a ser arrestado al alegar problemas de movilidad. Ante dicha circunstancia, la Sección II de la Audiencia Provincial decidió que ayer fuera examinado por dos forenses para determinar su estado de salud, su movilidad, así como si a sus 85 años tiene capacidad para estar en un centro penitenciario. El empresario canario se presentó en el Palacio de Justicia a las 9:25 horas acompañado por su hijo mayor y su hija, su abogado y dos personas más. El expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y del PP de Tenerife llegó al edificio en una silla de ruedas.
Pasó casi tres horas en las dependencias del Servicio Médico Forense. En ese tiempo, sus hijos, su letrado, Ángel Guimerá Ravina, y la persona que lo trasladaba en la silla de ruedas entraron y salieron varias veces de las instalaciones en las que estaba.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que la resolución no se conocerería ayer de manera oficial. El abogado Antonio Espinosa, del colectivo Justicia y Sociedad (la acusación popular) afirmó que, "si los forenses determinan la incapacidad de González para ir a la cárcel, no nos opondremos, ya que de nada sirve ingresar en prisión a alguien que no es consciente de ello o que no se beneficie de la finalidad reeducadora de la medida".
Los otros tres condenados que sí ingresaron por riesgo de fuga, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, y el empresario Antonio Plasencia pasaron su primera noche en Tenerife II en el módulo de Ingresos. Esta es la segunda vez que Parejo entra en la cárcel. En el caso de Zerolo y Plasencia, se les hizo la reseña dactilar (huella), las fotos pertinentes y se les asignó un número de recluso, denominado oficialmente como de identificación sistemática, que deben portar siempre dentro del centro penitenciario. Esta especie de carné solo se expide la primera vez que se está en prisión.
Después se les hizo un cacheo personal y a sus pertenencias. En los próximos días se decidirá a qué módulo se envía a cada uno de ellos.
El exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, también acudieron ayer al Palacio de Justicia. Ambos estuvieron acompañados por sus letrados. Dichos técnicos, condenados a cuatro años y seis meses y a cuatro años de cárcel, respectivamente, fueron a recoger personalmente la sentencia dictada la pasada semana por el Tribunal Supremo. Esta resolución reafirma, en lo esencial, el fallo de la Sección II de la Audiencia Provincial en abril de 2017. Estos funcionarios recibieron el aviso del tribunal para que, de forma voluntaria, ingresen en la cárcel en los próximos cinco días. El pago de la responsabilidad civil se realiza en función en los bienes y dinero que posea cada condenado. Cuando sus recursos no permitan hacerlo, esa indemnización la aportarán íntegramente las partes con más medios, que después podrán reclamar ese dinero adelantado a los procesados "deudores".