Venta de crack en Tenerife: la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para dos vendedores

La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para dos presuntos vendedores de crack en Santa Cruz de Tenerife, que supuestamente vendían la droga en la puerta de la vivienda de uno de ellos. También reclama 3.000 euros de multa para los dos acusados.

Ambos fueron detenidos gracias a una investigación desarrollada por el Grupo de Menudeo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El punto de venta de la sustancia estupefaciente fue desmantelado en el barrio de Finca La Multa, en el Distrito de Ofra, en junio del año pasado, después de que los dos implicados fueran sometidos a vigilancia durante distintos días.

En total, y en diferentes puntos del domicilio usado como punto de venta, los funcionarios encontraron unas 170 dosis de crack preparadas para su venta.

Además, en la cocina había utensilios usados para preparar dicha sustancia derivada de la cocaína, como bicarbonato amónico, cucharones, hornillos y una mascarilla química de seguridad. También se halló un librillo para preparar las dosis, que tenían el mismo color de las que ya estaban dispuestas para la venta, así como las que fueron requisadas a los compradores identificados en la vía pública.

El juicio por este asunto comenzó este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pero se celebró sólo parcialmente, ya que faltó la declaración de dos de los policías nacionales que intervinieron en el dispositivo.

Después de que uno de los agentes de paisano detectara en la calle América que cinco compradores de droga adquirían crack ante la vivienda de uno de los individuos, de nacionalidad española e identificado como Francisco, otros funcionarios identificaron a dichos consumidores en un lugar discreto. Ninguno de esos toxicómanos acudió a prestar declaración en la primera sesión de la vista.

Tal y como explicó el inspector de la Udyco que instruyó las diligencias, desde un primer momento se supo que el papel preponderante en el punto de venta de droga lo ejercía otro individuo, identificado como Óscar y natural de la República Dominicana, que vivía a escasa distancia.

De hecho, Óscar era quien presuntamente entregaba a Francisco las dosis de crack para que las vendiera. Además, tenía llave de una de las habitaciones en la vivienda de su colaborador y en la misma los investigadores encontraron cerca de 120 dosis del citado estupefaciente. Supuestamente, el dueño del inmueble no tenía acceso a ese cuarto.

Los funcionarios de la Policía Nacional realizaron apostaderos en los que supuestamente uno de los profesionales de la Udyco observaba que la droga era vendida en la puerta de la casa de Francisco o en un recodo próxima a la citada entrada, pero que los distribuidores no se escondían demasiado.

Y, curiosamente, Óscar utilizaba la vivienda en la que residía con su pareja sentimental para guardar dinero. En total, los agentes de la Udyco encontraron en ese domicilio unos 18.450 euros. La mayor parte de esa cantidad, unos 17.000 euros, fueron hallados en un estuche infantil. Diferentes cantidades aparecieron repartidas por otras estancias de la casa.

Durante la celebración del juicio, un testigo propuesto por la abogada defensora de Óscar manifestó que, del dinero hallado en su vivienda, más de 12.000 euros eran suyos. Este joven, quien dijo que consideraba a los acusados como su "familia", aclaró que disponía de ese dinero gracias a la indemnización por una lesión que tuvo en un hombro, así como por un accidente de tráfico.

Aclaró el citado ciudadano que decidió darle el dinero a Óscar porque un hermano de su madre, que supuestamente había cometido delitos de robo y estafa, empezó a residir en su vivienda y quería evitar problemas. Señaló que su tío llegó en enero de 2023 y que le dio al acusado el dinero para que se lo guardara en mayo de ese año.

Además, el testigo refirió que su intención era formar una sociedad con Óscar para abrir una multitienda. Cuando la fiscal, Sandra Fagil Fraga, le preguntó por qué no guardaba el dinero en un banco, respondió que tiene "problemas" con Hacienda. Además, dicho joven aclaró que reside en estos momentos fuera de España.

Uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en la operación aseguró a preguntas de la abogada defensora María Luz Vera que Francisco también era consumidor de drogas.

Respecto a Óscar, los investigadores de la Udyco encontraron en su casa un arma de defensa eléctrica para la que supuestamente no tenía autorización. Por esta circunstancia, el Ministerio Público le pedía otros dos años de cárcel.

Sin embargo, en su momento, el implicado de origen dominicano señaló que ese objeto no era suyo. Por ese motivo, el magistrado presidente del Tribunal, Juan Carlos González Ramos; la fiscal y las dos abogadas defensoras estuvieron de acuerdo en dejar fuera del presente juicio el delito de tenencia ilícita de armas, así como celebrar otro proceso judicial para determinar a quién pertenecía la defensa eléctrica.