El Gobierno anula el examen de las oposiciones a administrativo

Los nueve aprobados (entre 4.000) podrán optar entre mantener sus notar o repetir la prueba

El Gobierno anula el examen de las oposiciones a administrativo

El Gobierno anula el examen de las oposiciones a administrativo

La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha revocado el primer ejercicio de la prueba selectiva al cuerpo de la Administración Pública (Grupo C, Subgrupo C1). Casi un mes después de suspender de forma cautelar el procedimiento para investigar presuntas irregularidades, tras las quejas e indignación de numerosos aspirantes por la absurda dificultad del examen, el Ejecutivo regional ha ordenado constituir un nuevo tribunal calificador para volver a celebrar el proceso que da acceso a 32 plazas fijas.

Sin embargo, en la resolución publicada ayer, Función Pública aclara que quienes aprobaron el examen podrán elegir si mantener su nota o volver a presentarse. El 1 de octubre se presentaron en los campus universitarios de Tafira y La Laguna más de 4.000 personas. Cuatro días después, el tribunal calificador publicaba los resultados: tan solo aprobaron nueve.

Cuando el Gobierno regional anunció la suspensión del procedimiento, también expuso que las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública, en concreto, la hija y el yerno de Águeda Márquez, que obtuvieron un 7,5 y un 7,4, respectivamente.

Función Pública detalla que revoca el primer ejercicio de la prueba porque no se permitió que todas las personas que tenían derecho a realizar el examen el 1 de octubre, lo hicieran. En concreto, numerosos aspirantes que no fueron admitidos en las listas presentaron recursos y, a pesar de estar pendiente de respuesta, el tribunal calificador decidió celebrar la prueba. Pero ahora se ha estimado lo recurrido, dando la razón a los aspirantes excluidos.

Según la resolución, esta decisión es independiente de la apertura del expediente para esclarecer las presuntas irregularidades en la elaboración, gestión y puesta a disposición de las personas aspirantes de la prueba selectiva.