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Crisis energética e inflación

Las ONG buscan a contrarreloj recursos ante el aumento de la pobreza

Denuncian que la Administración actúa "tarde y mal" y recurren a donativos de empresas y particulares | Cáritas ha pasado de invertir 400.000 euros en 2021 a 626.000 en ayudas de vivienda

Personas esperan grandes colas para recoger alimentos gratis. DAVID CASTRO

Las ONG temen el otoño que viene, marcado por la crisis energética y la inflación. En el Centro Educativo Itaca, en el barrio de Collblanc de L'Hospitalet de Llobregat, llevan desde el mes de agosto "picando puertas" de las empresas que suelen colaborar con este entidad. La coordinadora, Lidia González, lo explica así: "Lo que nos viene encima será inasumible sin recursos".

No son la única entidad social que se ha pasado el agosto buscando financiación. Las ONG prevén un aumento de personas en situaciones precarias y con problemas para asumir sus gastos cotidianos fruto del aumento de precios. Acostumbradas a las sucesivas crisis pasadas, saben también que la respuesta de la Administración suele llegar tarde y mal. Pero igualmente imploran a los políticos que se comprometan. "Es su responsabilidad", recuerda la Taula del Tercer Sector.

Denuncian que no ven que las administraciones tengan preparada una respuesta para la crisis que viene. Ya se lo advertía, cara a cara, el pasado junio la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, al president, Pere Aragonès: "No se ha concebido un plan de rescate social. Debemos planificar y diseñar una salida que vaya más allá de la emergencia, que establezca las bases sólidas de la recuperación de esta crisis". Aludía Alsina al plan de choque social reivindicado desde hace dos años a raíz de la crisis de la pandemia y que sigue siendo papel mojado. "Si lo han hecho, nosotros no lo hemos notado", señala Salvador Busquets, director de Cáritas en Barcelona.

Las ONG tienen muy presente la crisis financiera de 2008 y lo tarde que llegaron las ayudas públicas. Es por esa dura experiencia que estos días buscan fondos por su cuenta.

Aumentos del 21%

Que la situación económica de muchos hogares está empeorando es una evidencia. Hay ya familias que están dejando de comer porque no pueden pagar la compra en el súper. Los datos que manejan las oenegés reflejan ese aumento de la pobreza. Por ejemplo, Cáritas ha tenido que aumentar un 44% el dinero que destina a pagar habitaciones de realquiler en Barcelona. "Esa es la población más débil y desprotegida", apunta Busquets. En el primer semestre de 2021, la entidad dedicó 400.000 euros a estas ayudas. En el mismo periodo de 2022 han sido 626.000 euros.

Las familias que necesitan estas ayudas han aumentado un 21% y al mismo tiempo ha subido un 16% el precio que se paga por estas habitaciones. Precios que alcanzar los 500 y 600 euros.

No solo hay necesidad de vivienda. "También notamos aumentos importantes de peticiones de alimentación y de dinero para pagar facturas de la luz. Es un goteo constante que se va a ampliar este otoño", describe Busquets.

Preocupa la clase media

Las entidades admiten que trabajan sobre cálculos, sin certezas. Pero tienen claro que vienen dificultades. "Tenemos muchos inputs negativos, pero no sabemos la dimensión. Los salarios no suben ni tampoco las ayudas sociales, pero se encarecen los servicios básicos. Es un tema de subsistencia. El gran problema será que nos llegue gente nueva, gente que antes no había pedido ayuda, pero que ahora pierda el empleo y no tenga ahorros. Las clases medias-bajas son las que más nos preocupan. Que las personas que necesitan ayuda crecerán no hay duda, aunque aún no sepamos aún volumen e intensidad", señala el coordinador de la Cruz Roja en Catalunya, Enric Morist.

Ante esta situación, la Cruz Roja prepara una campaña de donativos de cara al mes de octubre y noviembre. Mientras, ya se han dirigido a las más de 400 empresas que colaboraron en el plan 'Creu Roja Respon', iniciado durante los primeros meses de la pandemia y que alivió las cifras récord de colas del hambre. También ha optado por esta vía Educo, una oenegé que atiende a la infancia más vulnerable, tal y como reconoce su directora, Guiomar Todó.

Prestar atención social es más caro

Cáritas aún no ha hecho campañas para captar donativos. Ahora su preocupación está en los presupuestos de 2023 para hacer frente a los gastos derivados de sus servicios. En la casa que tienen para mujeres víctimas de violencia de género o en los apartamentos para personas mayores las facturas de luz y gas han subido entre un 18% y un 50%. "A partir de septiembre nos tememos aumentos del 140% y tenemos que dimensionar nuestras cuentas a esta realidad", apunta Busquets.

No son los únicos. La Taula del Tercer Sector avisa de que el precio de la energía está repercutiendo directamente en las facturas de muchas entidades que gestionan residencias de la tercera edad, personas con discapacidad, centros de salud mental y adicciones, centros de menores o pisos sociales, entre otros. Muchos de estos servicios se financian con aportaciones públicas que en los últimos años apenas han tenido aumentos presupuestarios a pesar de que las peticiones del sector.

Pulsar el acelerador de los derechos sociales

Esta activación para captar fondos extraordinarios refleja que las oenegés han dejado de confiar en el poder de las administraciones para atender la pobreza creciente. "No podemos esperar. Es un tema que corresponde a la Administración pública, pero ya vimos lo que pasó con la crisis financiera o con la pandemia. Como sociedad civil debemos responder de inmediato", explica Morist. "La Administración va lenta, los servicios sociales no responden a situaciones de emergencia, como sí lo hace el sistema sanitario", sigue el coordinador de la Cruz Roja, que opina que estos servicios deberían estar "bien armados". "Y eso no ocurre".

Busquets pide centrar el tema en el precio de la vivienda y las ayudas del ingreso mínimo vital o la renta garantizada, que no llegan a los hogares necesitados. "Deben pisar el acelerador", imploran desde la Taula del Tercer Sector, que recuerdan que la respuesta de las empresas y los donativos particulares tienen un límite. Es por ello que reclaman al Govern "previsión" para "garantizar el acceso de los derechos sociales".

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