El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó en el Parlamento de Canarias que los programas de formación continua en materia de prevención de violencia de género previstos para 2022 y dirigidos a los cuerpos de Policía Local y Policía Autonómica se han multiplicado por veinte con respecto a años pasados, pues han pasado de dos o cuatro cursos en cada uno de los tres ejercicios anteriores a un total de ochenta.
Esta formación se va a financiar con fondos de la Dirección General de Emergencias y los provenientes del Pacto de Estado Contra la violencia de Género, cuyo importe supera los 80.000 euros.
Julio Pérez recordó que, aunque la atención a las víctimas de violencia de género es competencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los agentes de la Policía Autonómica y de las policías locales suelen ser los primeros profesionales que intervienen con las víctimas, y destacó la importancia de la formación, tanto básica como continua, para facilitar la prevención, realizar una actuación rápida, ofrecer una atención adecuada y evitar la revictimización.
El consejero detalló que las acciones formativas tienen como objetivo la adquisición de conocimientos jurídicos, sociológicos sobre la naturaleza de la violencia de género y psicológicos, para facilitar estrategias y herramientas que permitan llevar a cabo de forma adecuada, segura y eficiente las intervenciones con las víctimas y atenderlas y acompañarlas con empatía, calidez, cercanía y sosiego. El consejero destacó una acción formativa dirigida a policías varones con la finalidad de combatir la masculinización en la atención.
El programa también incluye formación sobre los Puntos Violeta, que son instrumentos promovidos por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar.
La Consejería prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios Arconte Aurea, según anunció Pérez, durante el transcurso de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad celebrada en el Parlamento de Canarias.
Hasta el momento, explicó el consejero, se ha sustituido el 65 por ciento de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales del Archipiélago y, aunque las previsiones iniciales eran que el proceso de implantación finalizara el 30 de junio, el rimo actual de ejecución permite avanzar que dicho proceso acabará en mayo.
El nuevo sistema de grabación de vistas permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, que mejora la calidad y seguridad de las grabaciones, y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de descargar todas las grabaciones realizadas en los procedimientos en los que hayan intervenido.
Además, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señaló que en Canarias la creación de órganos judiciales es una necesidad, pero no es la única medida a adoptar, pues el nivel de litigiosidad es muy alto, como demuestra que a diario los diferentes juzgados vean unos mil asuntos. Julio Pérez animó a reflexionar sobre por qué desde el 2019 la Comunidad Autónoma está a la cabeza de España de litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional, aunque la tasa de pendencia llega al 0,43 –indicador que mide la diferencia entre los asuntos resueltos en un juzgado y los pendientes– está por debajo de la media española (0,50), al igual que en la tasa de congestión –cociente entre los asuntos pendientes más los asuntos ingresados y los asuntos resueltos–, ya que en las Islas es de 1,49 y la media es de 1,6.
La creación de nuevas unidades judiciales, subrayó el consejero, es una de las respuestas a esta situación, aunque hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, más aún si se hace con la plantilla completa, criterio seguido por este Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Así, en el año 2019, se crearon cinco, en el 2020, tres, y, en el 2021, cuatro. También se refirió a la importancia de contar con instalaciones adecuadas en las que ubicar los nuevos juzgados y se refirió de manera especial al Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.
