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La ley del descontento para colegios concertados y la lengua castellana

La Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), la conocida como ley Celaá por la ministra que la impulsó, la antecesora de Pilar Alegría, se aprobó definitivamente a final del año 2020 con el objetivo de derogar la Lomce o ley Wert, vigente desde el año 2013. Desde su presentación, fueron muchas las formaciones políticas y los sectores educativos que se mostraron contrarios a diferentes aspectos de esta norma que quita peso a los centros concertados y al castellano en las comunidades con lengua cooficial. Los cambios que introducirá esta ley a lo largo de los próximos años son de lo más variado y afectan tanto a usuarios de la Educación Infantil como de la Formación Profesional.

Comenzando desde la base, la Lomloe propone el refuerzo del primer ciclo de Infantil, para los alumnos de 0 a 3 años, y en Primaria establece el retorno de los tres ciclos formativos, de dos cursos cada uno. En cuanto a las materias, desaparece la división que hacía la Lomce de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria, que ahora pasarán a ser obligatorias y optativas.

En el caso del castellano y las lenguas cooficiales, cada Comunidad Autónoma fijará la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas. Este ha sido uno de los aspectos que más recelos ha despertado, junto con el trato a los colegios concertados, puesto que en este caso se elimina la «demanda social» para su oferta y serán los gobiernos autonómicos los que se encarguen de regular la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por parte de las familias.

En el caso del Bachillerato, la nueva ley abre la puerta a que este se pueda realizar en tres cursos, en vez de los dos actuales. Además, el alumnado podrá obtener el título de Bachillerato, y por tanto presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), con una asignatura suspendida. Asimismo, se recuperará la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o Selectividad.

En el caso de la Formación Profesional (FP), se eliminan los requisitos de edad y se permite el acceso desde la enseñanza de régimen especial por lo que se facilitará cursarla de forma compatible con la actividad laboral. Además, se pondrán en marcha programas de «segunda oportunidad» de carácter profesional para quienes abandonen la ESO sin título.

Pero esta nueva ley no solo afecta al alumnado sino que, en el caso del cuerpo docente, también incluye la puesta en marcha de una regulación de la formación inicial y permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Por último, la Lomloe otorga una mayor responsabilidad a los consejos escolares en el proceso de selección del director y en la gestión y evaluación de los centros de carácter público.

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