Canarias va a crear centros residenciales de "tránsito" para solucionar el recurrente abandono de mayores en los hospitales de las Islas. El último cálculo muestra que 253 personas se encuentran ocupando una cama hospitalaria que no les corresponde - dado que llevan meses dados de alta - en alguno de los hospitales públicos de Canarias. Esta problemática, que en Canarias se ha cronificado durante décadas, no solo va en contra de la adecuada asistencia a estas personas dependientes, sino que también ha mermado durante este tiempo - incluido en los peores momento de la pandemia - la asistencia hospitalaria.
El modus operandi es siempre muy similar. En un principio, el paciente ingresa en el hospital con un cuadro agudo de alguna enfermedad. Mientras se encuentra hospitalizado recibe muy pocas o nulas visitas de sus familiares. Una vez se le da el alta, los sanitarios comprueban que nadie viene a recogerlos para llevarlos de nuevo a domicilio, con lo que acaban ocupando una cama hospitalaria que, si estuviera libre, podría utilizarse para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas.
Con esta nueva iniciativa, el Gobierno de Canarias quiere agilizar los trámites para lograr que estas personas puedan disponer, de una vez por todas, de unos cuidados acordes a sus necesidades, al tiempo que descongestionan la asistencia sanitaria. Lo ha hecho a través de una nueva orden firmada en conjunto con la Consejería de Sanidad y la de Derechos Sociales y publicada en el BOC de este viernes, en la que se regula el régimen de derivación de estas plazas sociosanitarias de tránsito. Esta norma entra en vigor mañana, sábado.
Canarias dispone desde 2014 de un régimen de traslado de estos pacientes pero nunca se ha materializado
No es la primera vez que se intenta solucionar esta situación. En 2014 también se hizo pública una orden para regular el régimen de derivación de personas que, ocupando plazas hospitalarias y habiendo obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria. Sin embargo, siete años más tarde, dicho régimen de derivaciones nunca se ha materializado. Esta nueva norma, por tanto, deroga la anterior y, además, "simplifica" el procedimiento administrativo para la "puesta en marcha efectiva".
Desde que se puso en marcha el protocolo de derivación, en 2014, este problema se ha cronificado de forma progresiva. La situación ha sido denunciada en distintas ocasiones por los medios de comunicación y partidos de la oposición. En octubre de 2019, el Diputado del Común hizo alusión a este problema insistiendo en esta circunstancia no solo atenta contra la dignidad de "nuestros mayores", sino que tiene implicaciones en el propio funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (SCS). Como rezaba en su informe, mientras hay pacientes esperando a ser operados y no pueden por no existir camas libres para su ingreso, otros ocupan un espacio que no es el que requieren. "Son personas que no deberían estar en un hospital si no en un geriátrico, y están ocupando camas mientras otros no pueden acceder a la cirugía". Incluso el fiscal superior de Canarias, Luis del Río, se ha manifestado en este sentido, reconociendo por aquel entonces las dificultades existentes para actuar en esos casos.
Los recién creados centros sociosanitarios de tránsito serán centros residenciales a los que se derivará a la persona con alta médica e imposibilidad de retorno al domicilio para su atención sociosanitaria hasta que obtenga una plaza permanente dentro del Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias (SAAD). El objetivo es "procurarles lo antes posible los cuidados adecuados" que, por su propia naturaleza, "no pueden ser prestados en un recurso sanitario".
El proceso de derivación de estos pacientes se iniciará desde el momento en el que se detecte que la persona tiene dificultades para retornar a su domicilio con garantía de seguimiento de los cuidados sociosanitarios. Este proceso consistirá en varias fases. En primer lugar, y si no se hubiera hecho con anterioridad, se iniciará la tramitación del procedimiento de la situación de dependencia de la persona afectada. Paralelamente, el Área de Salud o la Gerencia del hospital será la primera en dar la voz de alarma. Si cree que existen indicios de que un pacientes no puede regresar a su casa con garantías, le remitirán el caso a un trabajador social del centro sanitario. Será este profesional el encargado de recabar sus informes clínicos, informar a la persona ingresada de la necesidad de ser trasladada y verificar su situación en materia de dependencia. Una vez realizadas las pesquisas previas, deberá emitir un informe donde recogerá las circunstancias que impiden la prestación de cuidados de atención sociosanitaria en el domicilio del paciente y, por tanto, la necesidad de recibir dicha atención en un centro residencial sociosanitario.
Sanidad financiará la plaza hasta que el paciente haya visto reconocida la situación de dependencia
El centro hospitalario se asegurará de que el traslado del paciente al centro sociosanitario se haga en condiciones asistenciales adecuadas y previo consentimiento del paciente o de su representante. Por otra parte, será la Consejería de Sanidad la que financiará la totalidad de la plaza hasta que el paciente haya visto reconocida la situación de dependencia. A partir de este momento, y siempre que se haya reconocido el servicio de atención residencial, se cofinanciará la plaza con la Consejería de Derechos Sociales, abonando esta la cantidad recibida por la Administración General del Estado.
Si la persona usuaria no obtiene el reconocimiento de grado II o III de dependencia y, por tanto, no resulte posible el reconocimiento del servicio de atención residencial en el Programa Individual de Atención, la financiación de la plaza corresponderá, íntegramente, al Servicio Canario de la Salud (SCS).
