El próximo lunes está previsto que comience en la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid el macrojuicio contra los 23 acusados de integrar una organización criminal a nivel nacional que se dedicaba a la cría de perros potencialmente peligrosos y la organización de peleas entre dichos animales, donde se apostaban cantidades importantes de dinero. La vista, que se prolongará durante varios meses, tendrá lugar más de cinco años después de que agentes de la Policía Nacional reventaran la operación de seguimiento a los presuntos implicados e irrumpieran por sorpresa en una casa rural de la localidad de La Medida, en el municipio de Güímar, donde se desarrollaba en horario nocturno una velada de peleas de canes. De las personas vinculadas a la trama en varias partes del país, ocho fueron arrestadas en Tenerife. Entre ellas figuran un policía local de Adeje y dos veterinarios. A nivel nacional, los investigadores judiciales consideran que el líder del circuito de peleas de perros era un vecino de Fuente El Saz del Jarama, Ángel Ortega, conocido como El Maestro.
Aunque estaba previsto que comenzara el pasado 21 de febrero, el juicio por el procedimiento abreviado 389/2021 se iniciará el 7 de marzo. La Audiencia Provincial de Madrid contempla sesiones en los meses de marzo, abril y mayo. Con el mencionado retraso, se han quedado sin celebrar, hasta ahora, ocho jornadas del juico. Los ingrantes del Grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife en el pasado mandato (Mila Hormiga, Fernando Sabaté, Julio Concepción y Francisca Rivero) y una protectora de la Península están personados como acusación popular.
A juicio de los investigadores, el cabecilla de la trama en Tenerife era E.P.C., que se dedicaba a organizar, dirigir y coordinar el grupo. La Fiscalía solicita para el mismo siete años y diez meses de cárcel, mientras que la acusación particular demanda una condena de 21 años y seis meses de prisión. Para el policía local de Adeje arrestado, F.C.G., el Ministerio Público pide siete años y diez meses de privación de libertad, mientras que la acusación popular reclama 30 años de cárcel. Se trataba supuestamente del hombre de confianza de E.P.C y, además de los delitos de pertenencia a organización criminal y maltrato animal, se le atribuye la infracción penal de omisión del deber de perseguir delitos.
Otro implicado en Tenerife es G.U.G.G., para quien la Fiscalía pide tres años y cuatro meses de prisión, mientras que la acusación popular reclama 22 años de cárcel. Entre los arrestados figura el veterinario J.C.H.V., para el que el Ministerio Público plantea una pena de tres años y cuatro meses de privación de libertad, mientras que la acusación ejercida por los exconsejeros de Podemos en el Cabildo tinerfeño solicita 18 años de prisión.
Las otras cuatro personas investigadas en Tenerife por participar o cooperar con la organización criminal son J.A.L.G., J.A.R.T., G.M.R y S.M.E.B. El fiscal demanda para J.A.L.G cuatro años y diez meses de privación de libertad, mientras que la acusación popular eleva la petición de pena a siete años y seis meses. En cuanto a J.A.R.T., el Ministerio Público le solicita cuatro años y diez meses de prisión, mientras que la acusación popular reclama nueve años y seis meses de cárcel.
Respecto a G.M.R., el fiscal propone tres años y seis meses de privación de libertad y la acusación popular siete años y seis meses. Y la misma propuesta realizan ambas partes para S.M.E.B. Para la Fiscalía se trata de un delito continuado de maltrato animal, mientras que para la abogada de la acusación popular, los hechos constituyen delitos individuales de maltrato por cada uno de los animales torturados. Ahí radica la diferencia en las condenas planteadas para los implicados.
La investigación desarrollada por el Grupo de Medio Ambiente de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional supuso un hito en las operaciones contra este tipo de organizaciones.
El grupo de Tenerife, liderado por E.P.C., alquiló una vivienda destinada a turismo rural en la zona de La Medida el fin de semana del 18 y el 19 de febrero del 2017. La casa, ubicada en un lugar aislado, tiene dos plantas. En la parte superior existe una vivienda convencional y, en la parte baja, hay un salón preparado para comidas o barbacoas. Fue en este último espacio donde los implicados prepraron el recinto para que los perros peligrosos pelearan. Delimitiado con piezas de madera de color verde y con un pavimento de moqueta roja, el negocio de las apuestas se movía a su alrededor. Los propietarios de la finca no tienen nada que ver con los acusados. Y el enclave era idóneo para la trama, pues está alejado de otras casas, cuenta con piscina y, sobre todo, tiene un amplio aparcamiento interior para los clientes.
Cada ejemplar podía costar en aquella época entre 15.000 y 20.000 euros. Un animal murió aquella noche y fue semienterrado en un extremo de la finca dentro de una bolsa plástica. Según la Policía, perdió una pelea y su dueño presuntamente le rompió el cuello. El encuentro no era una cita convencional. Se trataba de la final a nivel nacional. Y en la mencionada vivienda fue apresado también Ángel Ortega.
Un criadero estaba en una granja abandonada cerca de Valle San Lorenzo
En todo el país fueron rescatados 226 perros y muchos estaban en mal estado de salud. De hecho, 42 ejemplares murieron poco después. En Tenerife, un criadero se hallaba en una granja abandonada, junto al Barranco de Chija, entre Los Toscales y Valle San Lorenzo. En los alrededores aparecieron ejemplares muertos y material veterinario.
Desde su nacimiento, los cachorros eran sometidos a malos tratos, castigos físicos, alimentación inadecuada y duros entrenamientos, hasta la extenuación del animal, con medios y métodos que propician un aumento anormal de sus músculos y resistencia. Según los investigadores, les daban sustancias dopantes, como Winstrol, Dexametasona, Boldenona, Testosterona y EPO.
La Policía Nacional pidió apoyo a protectoras de animales, que recogieron a los animales y los cuidaron. Varios fueron llevados al refugio de Tierra Blanca (Fasnia), que depende del Cabildo. Pasado algún tiempo, algunos perros peligrosos fueron robados de dichas instalaciones. La exconsejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife Mila Hormiga dice que el objetivo de la acusación popular es que, si son condenados, los acusados paguen el mantenimiento de los canes. Antes de entrar a formar parte de la corporación insular tinerfeña, Hormiga estuvo vinculada a colectivos de defensa de animales. Y, dentro del Consejo Autonómico de Podemos Canarias, lideró la Secretaría de Bienestar Animal. El 19 de febrero fue una de las personas que se movilizó y estuvo tanto en la granja abandonada como en La Medida.
