Los letrados de la Administración de Justicia, que dirigen los juzgados y oficinas judiciales, irán a la huelga el próximo 26 de enero para expresar el descontento del colectivo y dicho acto será el punto de partida de una lucha que «en los últimos años se ha visto frenada por la esperanza de alcanzar una solución pacífica, que tristemente nunca ha llegado». Estos funcionarios reivindican al Gobierno del Estado «dignidad y respeto», así como que se les remunere en base al aumento de las funciones que les han asignado en los últimos años.
La paralización de su actividad el próximo miércoles implicará que «miles de demandas en España dejarán de incoarse, miles de embargos dejarán de practicarse y se suspenderá cuanta operación se encuentre ligada a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, que también gestionamos», según explican fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Las subastas y adjudicaciones de bienes se verán frenadas y los juicios suspendidos, al no poder dar fe de su desarrollo con todas las garantías, añaden.
El motivo de la convocatoria de la huelga está relacionado con las reformas procesales y organizativas aprobadas desde el año 2009 en el ámbito judicial, que han supuesto «un notable incremento de las competencias y responsabilidades» del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. Ante dicha circunstancia, consciente del nuevo marco generado en el que dichos operadores adquieren un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, el Gobierno del Estado incorporó en los Presupuestos Generales para el año pasado, la disposición adicional 157, en la que asume el compromiso de la adecuación salarial como mecanismo de respuesta a estas nuevas funciones.
Sin embargo, los letrados de la Administración de Justicia aseguran que «este compromiso ha sido flagrantemente incumplido». «Conforme a la ley, somos directores de la oficina judicial, y, como tales, debemos tener el derecho reconocido a una negociación colectiva propia, representada por nuestras asociaciones profesionales, como ocurre con otros cuerpos directivos nacionales», explican desde la UPSJ. Dicen que «no nos sentimos representados por los sindicatos generalistas y las negociaciones que dicen hacer en nuestro nombre han sido perjudiciales para nuestro colectivo».
Desde su punto de vista, «de la mesa de negociación se extrae que los que se sentaron en ella no han hecho una defensa digna de nuestros intereses». Y, ante dicha situación, exigen tener su propia negociación colectiva.
Los responsables de la Unión Progresista de dichos funcionarios explican que una de sus reivindicaciones es el inicio de las reformas legislativas para el reconocimiento de «nuestro derecho a una negociación propia». Su segunda demanda plantea el «pago inmediato de los 195 euros fijados en el vergonzoso acuerdo alcanzado con los sindicatos y negociado contra los intereses de los letrados de la Administración de Justicia, y que únicamente aceptamos como pago primero y parcial de la adecuación salarial a la que obliga la Ley».
El tercer punto de sus peticiones es alcanzar un acuerdo escrito, «tangible y ejecutable», para seguir avanzado durante este año y el próximo en la adecuación salarial, de manera que se produzca una equiparación real y efectiva con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado y, en particular, con los de la Administración de Justicia.
En el cuarto apartado de sus exigencias figura la urgente entrada en vigor del Real Decreto 101/2019, que regula el régimen de sustituciones voluntarias en este cuerpo jurídico. La quinta reivindicación es el «inmediato establecimiento del complemento para los nuevos encargados del Registro Civil, que garantice que perciben lo mismo» que el hasta ahora responsable. La sexta demanda se basa en la urgente convocatoria de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019, 2020 y 2021. La séptima petición consiste en el impulso del resto de cuestiones organizativas y reglamentarias paralizadas en el área de letrados de la Administración de Justicia del Ministerio, como son la modificación del Reglamento, establecimiento de un sistema de categorías, escalafón, concursos de traslado o la creación de un plan de prevención de riesgos laborales.
