El Gobierno afronta este 25-N, Día contra la Violencia Machista, con el reto pendiente de renovar el histórico pacto a través del cual las fuerzas políticas y las instituciones acordaron, en 2017, que la lucha contra las agresiones que sufren las mujeres es un asunto que compete a todos, para lo cual se pactaron 292 medidas y una financiación periódica.
El pacto de Estado vence en septiembre de 2022 y el Ministerio de Igualdad busca un nuevo acuerdo en el Parlamento que sirva para blindarlo, de forma que gobierne quien gobierne, siga la unión de fuerzas y la asignación presupuestaria imprescindible para acabar con un problema estructural, con profundas raíces y complejas soluciones.
Desde 2003 han fallecido 1.118 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 37 en lo que va de año. No obstante, estos datos son solo la punta del iceberg de la diversa y extendida violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Por ello, el trabajo en estos últimos años se ha centrado en ampliar el foco y prevenir, detectar y ayudar a víctimas no solo de las agresiones provocadas por las parejas, para mejorar la respuesta institucional y penal de todas las violencias.
El mandato parte del Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, pero también de uno de los ejes incluidos en el pacto de Estado, que pedía «la visualización y atención de las formas de violencia fuera del contexto de la pareja o expareja». No obstante, este mandato no se ha cumplido íntegramente. En Catalunya, la última reforma de ley contra las agresiones machistas sí reconoce ya las otras violencias, pero a nivel estatal es una asignatura pendiente. El PSOE insistió, cuando se negoció el pacto, en que la ley contra la violencia de género de 2004 no se modificara sustancialmente y se diseñaran otras normas específicas. Por ello, se ha aprobado el anteproyecto de ley de la libertad sexual y el Ministerio de Igualdad trabaja también en una ley específica contra la trata.
La primera sí podría entrar en vigor esta legislatura, pero la segunda es más difícil. Se trata, por tanto, de uno de los al menos siete compromisos pendientes, junto con la aprobación de nuevas medidas contra la violencia digital o la puesta en marcha de una Estrategia Estatal contra las Violencias, puesto que la actual caducó en 2016. Asimismo, en el haber figura también incidir más en el fomento de las llamadas nuevas masculinidades, para alejar a los hombres de los estereotipos marcados por el patriarcado, o mejorar la financiación del pacto, para hacerla plurianual y más flexible, como piden las autonomías.
Asimismo, Igualdad quiere que las organizaciones feministas con sistemas de atención a víctimas reciban un 1% del presupuesto y que todos los servicios de ayuda se declaren esenciales, como ocurrió en el confinamiento. El Gobierno aspira a que los grupos acuerden un dictamen, que sirva para renovar el pacto, antes de final de año. Y se trabaja con la hipótesis de que, de nuevo, se sume el PP, según fuentes del Ministerio capitaneado por Irene Montero. Vox, evidentemente, es más difícil que participe.