Con 235 muertos y 40.209 contagios ayer, con mucha gente optando por no salir de sus casas, con las restricciones al consumo y la movilidad disparadas, y las empresas cerrando una tras otra, Las empresas están tan desesperadas que comienzan a convocarse por toda España protestas contra las últimas restricciones sanitarias, el adelanto de los cierres, los toques de queda, la limitaciones de aforos y la cada vez más extendida obligación de bares y restaurantes de atender a sus clientes solo en terrazas. Pero mientras las empresas se ven abocadas a un cierre cada vez más inevitable, la hostelería y la restauración esperan y desesperan hasta finales de enero, a ver si el consejero de Hacienda encuentra por fin la financiación para poder poner en marcha las ayudas que necesitan.
Román Rodríguez había asegurado que como el impacto de la crisis continúa creciendo y además se ceba especialmente con el turismo y sus sectores complementarios él está buscando cómo financiar un paquete de ayudas complementarias para reducir las consecuencias de la crisis en el sector empresarial. Entre esas medidas estarán el aplazamiento de obligaciones fiscales y deudas tributarias, además de ayudas directas a pymes y autónomos, que nadie aclara. Lo que si hace Román es prometer que esas ayudas serán sensiblemente superiores a las del año pasado, bastante miserables: el Igic y el pago del impuesto se retrasaron hasta el 1 de julio, fue una gran cosa cobrar tres meses después de tener toda la actividad confinada, y Hacienda se sacó del coleto unos dinerillos de más para avalar créditos desde la Sociedad de Garantías Recíprocas del Gobierno para que las empresas se endeudaran en los bancos, más un misericordioso complemento de ayuda por cese de actividad a los autónomos, de apenas unos 300 euros, que no se acabó de pagar hasta el pasado mes de diciembre, y no salvó a nadie de la ruina.
La cuestión es que mientras Román no encuentra el dinero para las ayudas, guarda prudentemente hasta 400 kilos de los más de 500 de la sentencia de carreteras que computaron como superávit en 2018 y que tras la suspensión de las reglas fiscales podrían gastarse. De hecho, que se gaste el superávit y los remanentes es lo que han recomendado que se haga tanto Europa cono el Gobierno Sánchez, pidiendo a las administraciones regionales que se gasten esos cuartos para apoyar a empresas en peligro de ruina.
Román prefiere guardar las perritas en un cajón de su despacho, quizá porque no se fía un pelo de que Sánchez cumpla sus compromisos de financiación con Canarias el próximo año y los siguientes.
Y no digo que no tenga razón para desconfiar. España es el único país europeo sin ayudas directas a la hostelería. Las únicas ayudas económicas que ha recibido el sector son las que han promovido y financiado algunas autonomías. El Gobierno de España no se ha gastado ni un duro para paliar el crack del turismo, el sector con más empleo del país. Pero sí destina sus ayudas a compañías aéreas o al sector del automóvil.
España es sin duda diferente: las subvenciones al sector hotelero y a la restauración en tan solo seis países europeos superan los 40.000 millones de euros. Holanda ha gastado 15.000 millones en salvar su industria hotelera. Y Alemania, Francia e Italia decidieron sostener a bares y restaurantes hace ya varias semanas.
