Santa Cruz de Tenerife se suma a las protestas por la Ley Celaá

Alrededor de 50 coches participaron durante la mañana del domingo día 20 en la protesta convocada por la Plataforma Más Plurales en Santa Cruz de Tenerife. Esta manifestación se unió, así, a las manifestaciones organizadas en medio centenar de ciudades españolas contra la Ley Orgánica de la Mejora de la Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, actualmente en trámite parlamentario. La caravana de vehículos salió a las 10:00 horas del aparcamiento del Parque Marítimo y recorrió las principales calles de la capital chicharrera durante dos horas. La acción concluyó con la lectura de un manifiesto ante entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros educativos.

Los participantes solicitaron la “protección y continuidad de la pluralidad democrática” del sistema educativo actual. El portavoz de Más Plurales en Tenerife, Pedro Luis González, rechazó la intención de esta ley de “limitar y recortar” la libertad de enseñanza y abogó por la “defensa de la pluralidad de la escuela” y de “la complementariedad de las redes pública y privada concertada”. La plataforma acusó a la autoridades educativas de querer imponer “la distribución del alumnado” y una planificación arbitraria de la oferta educativa “sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias”.

Los manifestantes acusaron a la Ley Celaá de promover un “modelo de inclusión radical que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición” y solicitaron al Gobierno de España “una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial y que los padres puedan elegir el que consideren mejor para sus hijos”.

La Plataforma Más Plurales aglutina a 49 colegios de la enseñanza concertada y privada en Canarias y avanzó que, si finalmente se aprueba la Ley Celaá, pedirá a los partidos políticos que interpongan recursos de inconstitucionalidad y que presionará a las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma.