Movimiento a la desesperada del Gobierno central ante el malestar que la gestión de la crisis migratoria está provocando en Canarias. El Ejecutivo de Pedro Sánchez toma nota de la indignación que la falta de respuesta efectiva y de medidas verdaderamente operativas está causando en instituciones, colectivos de todo tipo y entre la propia población del Archipiélago y pone en marcha un plan de actuaciones ministeriales para revertir la situación. Hasta tres ministros se movilizan este fin de semana de forma personal y directa para tratar de demostrar esa coordinación que se le exige desde las Islas, al tiempo que se anuncian una serie de medidas concretas y prácticas en varios de los ámbitos sobre política migratoria. Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja hoy a Marruecos para acordar medidas en origen con las autoridades de ese país, los titulares de Migraciones, José Luis Escrivá, y de Transportes, José Luis Ábalos, se desplazan al Archipiélago para actuar en el ámbito de sus competencias, la acogida de migrantes, y el servicio de asistencia en el mar del organismo Salvamento Marítimo, respectivamente.

La ofensiva lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez responde en parte al plan de choque ya anunciado la semana pasada por la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, pero también trata de contentar las exigencias del Gobierno de Canarias y otras instituciones isleñas sobre la urgencia de una mejor coordinación interministerial en la materia, y de la activación de medidas que acabe con la situación crítica que se vive en el muelle de Arguineguín, y evite nuevos episodios como el del martes pasado, cuando se desalojó de esas instalaciones a 227 migrantes sin ofrecerles comida ni cobijo, y de los que varias decenas trataron de tomar un barco con destino a Huelva.

Este episodio, que ha indignado a toda la sociedad canaria y ha tensionado como nunca las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el del Estado y sobre el que el ministerio del Interior ha abierto una investigación, ha suscitado también preocupación en el seno del gabinete de Sánchez, que parece haber tomado conciencia de la gravedad de la situación y de la de sus posibles efectos sociales entre la población.

Con todo, la medida más llamativa conocida hasta ahora de las que el Estado va a poner en marcha de forma inmediata es la de reforzar el dispositivo policial en Gran Canaria, a donde el Ministerio del Interior está trasladando nuevos efectivos desde Tenerife y dos grupos de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) desde la Península en previsión de que la situación pueda afectar al orden público, una decisión que seguramente está motivada por la situación derivada de las imágenes que se han difundido sobre la situación en que quedaron los migrantes liberados de la carpa del muelle de Arguineguín.

Según señalan fuentes policiales citadas por la agencia Europa Press, desde Tenerife se desplazarían en torno a 120 efectivos, mientras que desde la Península serían un total 250 ‘antidisturbios’ llegados desde A Coruña y desde Valencia. Con ello, Gran Canaria dispondría para este fin de seis grupos policiales, incluidos los que ya están operativos en la Isla.

Marlaska en Marruecos

Pero la gran tarea en la que se está implicando el ministro del Interior tiene otros horizontes, su viaje de hoy a Marruecos para tratar de abordar en origen el problema de la inmigración irregular hacia Canarias desde las costas de ese país.

Marlaska trata de pactar con Rabat nuevos mecanismos de repatriación de sus nacionales, que en estos momentos constituyen un alto porcentaje del total de migrantes que llegan al Archipiélago. La repatriación, que en estos momentos se está haciendo a cuenta gotas y exclusivamente con Mauritania, único país del área que de momento ha reabierto las fronteras con España pese a la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid. Repatriar es la gran baza con la que el ministro quiere jugar para evitar las derivaciones masivas de migrantes desde Canarias a la Península, una alternativa que considera que provocaría un efecto llamada y que cronificaría el problema porque convertiría al Archipiélago en una permanente puerta de entrada.

Marlaska también quiere acordar con Marruecos estrategias y medidas de control fronterizo en el propio país magrebí, así como una vigilancia efectiva de los puntos costeros desde donde suelen partir las pateras con destino a Canarias. Esto supone actuaciones de dos tipos, cooperación policial, y acuerdos económicos para compensar al país vecino por su esfuerzo en estas tareas.

También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha solicitado formalmente la realización de un viaje oficial a Marruecos con la migración como principal tema a abordar, pero fuentes del Ejecutivo regional aseguran que no se planteaba en este momento la alternativa de acompañar al ministro en su visita a Rabat.

Grande-Marlaska es consciente de las dificultades por las que atraviesa el país vecino como consecuencia de la pandemia sanitaria y de las que esta circunstancia traslada también a la cooperación en materia migratoria. En ese sentido, se ha constatado, según señalaba ayer la agencia Efe desde Rabat, que los subsaharianos que se concentraban en algunos barrios de Tánger han desaparecido de allí y se han trasladado a las ciudades saharauis de El Aaiún y Dajla a la espera de encontrar una ocasión para zarpar. La misma dirección han tomado los numerosos marroquíes, generalmente muy jóvenes (entre los 15 y los 25 años), pequeños jornaleros agrícolas, que dejan sus hogares en un año en el que se ha combinado la sequía y el hundimiento económico por la pandemia.

El Gobierno marroquí calcula que la tasa de desempleo podría subir este año cuatro puntos porcentuales, hasta el 13% de la población, con especial incidencia en los jóvenes de 15 a 30 años, que representan tradicionalmente dos tercios del total de parados. Las estrictas medidas de confinamiento decretadas en Marruecos contra el coronavirus entre abril y junio supusieron una drástica bajada de la salida de pateras hacia España, pero en el momento en que se levantaron las restricciones, a partir del verano, se dispararon esas salidas.

Se da la compleja circunstancia de que la visita del ministro se produce en un contexto de recrudecimiento del conflicto del Sáhara Occidental y la reanudación de las hostilidades, incluso de tipo armado, entre el ejercito marroquí y el Frente Polisario en Guerguerat, un puesto fronterizo con Mauritania, y del hecho de que el vicepresidente tercero del Ejecutivo español, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, haya defendido estos días el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Medidas en acogida

En relación con la nueva visita a las Islas del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tras la que efectuó a primeros de octubre, fuentes de su departamento señalan que hoy presentará un paquete de medidas relacionadas con las condiciones de acogida de los migrantes, y que supondrán un impulso del esfuerzo que consideran se está haciendo por tratar de dar respuesta a esta situación.

El ministro las presentará en rueda de prensa esta mañana acompañado de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jallaul, así como del presidente de Canarias y del Delegado del Gobierno, Ángel Pestana. El ministerio no ha difundido el resto de la agenda de su titular durante su estancia en Gran Canaria, aunque se da por hecho que visitará el centro de acogida temporal instalado en Barranco Seco. Se desconoce si se entrevistará con representantes de ONG, con quienes sí lo hizo en su anterior visita pero abandonando la reunión por sentirse atacado por estas organizaciones, lo que provocó que el presidente del cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, presente en la reunión, pidiera luego su dimisión.

En aquella ocasión, como una semana después ocurrió con Marlaska, no le granjeó al ministro Escrivá más que críticas tanto desde los grupos de la oposición como de las cuatro fuerzas que soportan el Ejecutivo regional  (PSOE, NC, ASG y Podemos). Canarias demanda medidas concretas que no acaban de llegar. De hecho, en una carta remitida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a Pedro Rodríguez el miércoles ya advertía que no volvería a acompañar a ningún representante del Gobierno de visita a la Isla si estas no comportan medidas claras. Y entre ellas, además del refuerzo de la política diplomática o la puesta en marcha de una red de centros de acogida, subraya especialmente las derivaciones a otras comunidades autónomas.

Hoy Escrivá, junto a Torres y Pestana, acompañarán al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se incorpora a la nómina de miembros del Gobierno central que visitan las Islas, al Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, donde recibirán informes sobre la situación en la que se encuentra un servicio esencial en el rescate de migrantes y sobre el que su personal y trabajadores vienen reclamando refuerzos de forma incesante.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, defiende los cambios para unificar en un único mando la tarea de vigilancia de la inmigración irregular. Gámez asegura que en la gestión de la crisis, con la participación de “varios ministerios y organismos públicos y privados”, además de los cuerpos policiales –que para la Guardia Civil se traduce en la vigilancia de fronteras y el apoyo en el rescate marítimo–, ha sido esencial que se unificara el mando en la figura del general Juan Luis Pérez Martín. Por contra miembros de Salvamento Marítimo han denunciando órdenes contradictorias del mando que ponen en peligro sus vidas y la de los inmigrantes.

Pese a la negativa del Gobierno central a autorizar las derivaciones de inmigrantes a otras comunidades, tanto desde Extremadura como del País Vasco se han ofrecido a echar una mano a Canarias.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, abogó ayer por la necesidad de dar una respuesta conjunta “para ayudar a aquellos que han salido huyendo del continente africano buscando un proyecto de vida para sus familias”.

En el mismo sentido, la consejera vasca de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha apuntado que aunque no tiene noticias del Gobierno central para ver cuál es nuestra disposición, siempre hemos sido solidarios y siempre hemos tenido recursos previstos para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades”