El Instituto Canario de Igualdad (ICI) considera que los vientres de alquiler son una forma más de violencia de género. En una guía editada por el organismo para facilitar el tratamiento de estos temas a los medios de comunicación, se ha incluido un apartado donde se presenta la gestación subrogada como un tipo de violencia a la mujer, ilegal y que concibe niños sin identidad y producto de la comercialización.
El documento ha soliviantado a parte del colectivo de padres de intención de Canarias que han decidido denunciar esta situación al Diputado del Común asegurando que tanto los textos como las imágenes incluidas en dicha guía vulneran los derechos fundamentales de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida. La Diputación, por su parte, ha emitido una resolución en la que recomienda al ICI revisar los términos en los que se habla de maternidad subrogada en esta publicación para hacerlo desde un punto de vista más objetivo y menos sesgado, así como eliminar las "inapropiadas" imágenes que lo ilustran, en este caso un bebé etiquetado con un precio y un vientre con una máquina tragaperras en su interior.
Cuando Dionisio Xavier Formoso leyó por primera vez la Guía de Buenas prácticas para periodistas y profesionales de la comunicación. Comunicar en igualdad del ICI le pareció "aberrante". "Me recordó a la Inquisición, intentando establecer una posición ideológica y provocando mucho sufrimiento", argumentó el padre soltero de dos niñas gemelas nacidas de la gestación subrogada. Tras varios años tratando de adoptar un bebé en España -una tarea que se convirtió en un imposible dada su situación sentimental- decidió explorar nuevas vías. "Es una opción disponible en muchos países muy desarrollados, así que decidí usarla", explicó. Como él, otros 15 padres decidieron interponer una reclamación a la Diputación del Común por este tema, dado que sentían que estaba vulnerando el derecho de sus pequeños y que suponía una "discriminación hacia los niños nacidos de esta forma", como alegó Formoso.
Y es que en dicho texto, el ICI no solo considera la gestación subrogada una forma más de violencia machista por ser "un hecho social que cosifica el cuerpo de la mujer y una forma de ejercer el control social en las mujeres", también lo señala como un acto mercantilista que da a luz a "niños sin identidad". "Las niñas y los niños que nacen de dicha explotación reproductiva tienen una característica jurídica en común, y es que se convierten en objetos de derecho, producto de comercialización en un contrato mercantil", reza el texto del organismo público canario. Un párrafo que, por otro lado, ha sido muy criticado por los padres dado que afirman que sus hijos "tienen pleno derecho a la identidad y son españoles, como cualquier otro".
El caso llegó a la adjunta deIgualdad del órgano defensor del pueblo, Beatriz Barrera, que de inmediato se puso manos a la obra para tratar de buscar una solución que pudiera aunar ambas visiones sin que se siguiera cayendo en una visión subjetiva de "un debate controvertido y complejo". La adjunta de Igualdad decidió reunirse con la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, en enero para tratar de mediar en el asunto. La petición del Diputado del Común fue que el ICI fundamentara en términos jurídicos las razones por las que incluyó en esta guía los vientres de alquiler.
No se excluye
El Gobierno considera que, aunque el término de maternidad subrogada no se incluya expresamente ni en la Ley de violencia de género de 2004 ni en el Convenio de Estambul -que es el que regula otras formas de violencia de género que aún no han sido reconocidas en España por la falta de desarrollo normativo-, eso no supone "la exclusión automática de la consideración de esta práctica como un supuesto de explotación de muchas mujeres utilizadas como seres gestantes, sin tener en cuenta que son seres humanos". Y es que, según declara el ICI estas mujeres gestantes, cuando se quedan embarazadas, lo hacen por una privación arbitraria de libertad o en contra de su voluntad. Dos preceptos de violencia machista que sí están recogidos en ambos textos normativos.
Asimismo, el ICI considera que acudir a este tipo de gestación es constitutivo de delito, dado que el Código Penal en España establece que cualquier entrega de un descendiente o un menor a cambio de compensaciones económicas deben ser castigados con penas de prisión de 5 a 10 años.
La gestación subrogada está totalmente prohibida en España, pero no en otros países. Por eso, según el Diputado del Común, no es constitutivo de delito cuando los padres acuden a dichos lugares para tener un hijo. Por esta razón no cree que se deba afirmar rotundamente que es constitutivo de delito. "Debemos tener en cuenta que no siempre media compensación económica", insiste en su resolución el Diputado del Común que señala que dicha ley tampoco prohíbe expresamente acudir a un país extranjero en el que esté permitida esta práctica y empezar el proceso".
"La guía no tiene en cuenta que, en determinadas ocasiones, no existe violencia machista con la gestación subrogada", insiste Barrera. Y es que, como afirma en esta resolución, hay ocasiones en las que la gestación del hijo de otra persona se hace de manera altruista, lo que impide considerar todos los actos que se hagan en este sentido de la misma manera.
"Es cierto que hay determinadas circunstancias económicas que pueden estar relacionadas con la violencia machista, por tanto, no se debe excluir, pero sí hay que matizar", insistió Barrera. La Diputación del Común pide entonces que se realice una revisión de la guía que permita hacerla más objetiva a la situación jurídica actual de España.
