Cruz Roja comenzó ayer a desmontar el campamento que pretendía habilitar en el polígono industrial de Arinaga, Gran Canaria, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias, para ofrecer un primer recurso de acogida a los inmigrantes que llegan a las Islas. Ante la paralización de los obras por la postura en contra del Ayuntamiento de Agüimes, la ONG ha decidido "trasladar el material a la zona de Murcia", según adelantó a Efe el responsable de Inmigración de la ONG en Las Palmas, José Antonio Rodríguez Verona, aún cuando es evidente la falta de instalaciones para dar acogida al creciente número de africanos que llegan en pateras -en lo que va de año han llegado 3.000-. Una situación agravada por la pandemia del Covid-19 y la cobertura sanitaria que se les debe prestar.

Desde que desembarcan en las Islas, los inmigrantes "tienen que guardar 14 días de cuarentena y luego esperar meses para ser deportados a su país o para seguir su viaje", recuerda Rodríguez Verona, de forma que muchas de estas personas pasan "meses y meses en albergues". En la actualidad, Cruz Roja cuenta con un total de 29 alojamientos por toda Canarias para atender a estos migrantes. Sin embargo, muchos de estos recursos se han habilitado en los últimos meses en pabellones deportivos y residencias escolares que "ya están siendo solicitados, en el caso de los pabellones, por clubes que necesitan utilizar esas infraestructuras", explica Rodríguez. "A principios de septiembre tendremos que reubicar a casi 400 personas que tenemos en ese tipo de infraestructuras".

Esperando en carpas

El desmonte de Arinaga se lleva a cabo mientras 71 inmigrantes que llegaron en dos cayucos el domingo a Gran Canaria han tenido que esperar desde entonces en carpas que la propia Cruz Roja instaló en el muelle de Arguineguín, donde desembarcaron, a la espera de que la Delegación del Gobierno les asignara un lugar donde comenzar la cuarentena.

Hasta hace unos meses, los ocupantes de las pateras que llegaban a las costas insulares o eran rescatados en aguas cercanas eran conducidos directamente a Comisaría, donde pasaban un máximo de 72 horas para que se les tomara la filiación y se abrieran sus expedientes. Con la irrupción de la Covid-19, el protocolo de atención ha cambiado y la autoridades derivan a los recién llegados a espacios habilitados fuera de las comisarías -generalmente en almacenes portuarios- para los primeros tres días de trámites, hasta que se les asigne un recurso de acogida bajo la tutela de alguna ONG.

Sin embargo, el aumento de embarcaciones y la imposibilidad de mezclar en un mismo centro de primera recepción a ocupantes de distintas embarcaciones, para prevenir contagios cruzados, están complicando los dispositivos y generando situaciones como las de las 71 personas varadas en el muelle de Arguineguín.

"De eso no se habla"

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, reconoció ayer que se les ha mantenido ahí porque el lugar habilitado en Gran Canaria para las primeras horas de cuarentena -una nave en el puerto de Las Palmas- está ocupada por los inmigrantes que llegaron en otro cayuco a la Isla el sábado.

Pese a la aumento de la presión migratoria Pestana descartó ayer que el Estado vaya a facilitar el tránsito de estas personas a la Península. Si fuera así, dice, "en lugar de llegar 3.000, van a llegar 30.000". "¿Derivaciones? De eso no se habla, porque puede generar un 'efecto llamada', obviamente", sentenció. Pestana sostiene que si se hace llegar a los países de origen de estas personas el mensaje de que Canarias va a ser "un puente" para llegar a Europa, los flujos se pueden multiplicar.