La Fiscalía exige control para frenar las apuestas de menores en internet

Este planteamiento lo realizó durante su intervención en la Jornada sobre Violencia de Género promovida por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, que se desarrolló en la sede de dicha institución durante la jornada del pasado martes.

En opinión de Manuel Campos, existe una participación descontrolada de personas que no han llegado a la mayoría de edad en los negocios de apuestas en la red. Este representante de la Fiscalía señaló que hay casos de abuelas o padres que deben abonar 4.000, 5.000 o 6.000 euros ante la falta de límites para que menores de edad accedan a este tipo de actividad económica.

Aspectos como los atractivos anuncios, que han sufrido un importante crecimiento en los últimos años y que se emiten en momentos claves de algunas competiciones deportivas, así como que los adolescentes dispongan de teléfonos móviles a una edad cada vez más temprana contribuyen a este fenómeno.

Campos Davó también advirtió de la utilización descontrolada de productos en la red, como el Fornite, "al que adornan como un juego sencillo, al que acceden niños de hasta ocho años y en el que hay que pagar dinero al subir de categoría". Habló del preocupante fenómeno del consumo de pornografía por parte de personas de corta edad y se preguntó: "¿Cómo digiere un niño de ocho años un vídeo de este tipo?".

En cuanto a los casos de violencia de género entre menores de edad, apuntó que en estos momentos "me preocupa menos" que otros hechos delictivos. Aclaró que "hace tres o cuatro años hubo un repunte de casos", pero actualmente ha descendido su número. Comentó que ahora es más significativa la "violencia intrafamiliar", es decir, las agresiones que los adolescentes cometen contra padres, abuelos o hermanos, por ejemplo.

En esa línea, dijo que las situaciones del adolescente que comete atracos en farmacias o bancos de un determinado barrio marginal en las ciudades resultan cada vez menos frecuentes. Es decir, que el menor suele delinquir dentro de su casa y en la calle suele comportarse de forma ejemplar.

Campos Davó expuso en el Salón de Actos del Colegio que "castigar es fácil y educar es difícil". Según el fiscal delegado de Menores, en la actitud violenta de unos adolescentes contra otros influye que el autor sea testigo de episodios de violencia de género o doméstica en su propia vivienda; que sufra una patología psicológica o psiquiátrica, que puede estar diagnosticada o no, y el consumo de sustancias estupefacientes.

En ocasiones, se mezclan varios de estos factores. Apuntó que tiene amigos que le reconocen que su hijo "era normal y buen estudiante", pero el inicio en el consumo de "porros", por ejemplo, derivó en conductas de riesgo importantes. En opinión de Campos, también influye en la trayectoria del menor "a quién se echa de novio o de novia". Apuntó que, a veces, el hecho de que el adolescente centre su vida de forma extrema en "el placer, el hedonismo o el poco esfuerzo" favorece que se convierta en un individuo con el "síndrome del emperador", es decir, que tiene "poco miedo al castigo" y es "frío, con baja empatía y sin sentimiento de culpa".

"Exceso de recompensas"

Manuel Campos, además, aclaró que este tipo de personas asumen ideas como "soy el mejor, me lo merezco todo", con una "insensibilidad emocional y con cierto aislamiento social". En ese contexto, alertó del riesgo de un "exceso de recompensas" por hacer algo que "es su obligación", como estudiar, por ejemplo. Manuel Campos recordó que en el 2012 se dictaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife un total de 110 medidas cautelares, mientras que este año se han aprobado únicamente 25 (13 en un juzgado de Menores y 12 en otro), de las que solo dos están relacionadas con delitos de índole sexual en las islas occidentales.

Asimismo, señaló que la Fiscalía de Menores se ocupa de dos ámbitos: uno es la reforma de aquellos adolescentes que han cometido algún tipo de delito y el otro consiste en la protección de aquellos niños o menores que se hallan en situación de riesgo o desamparo. Respecto a esta última función, especificó que su objetivo consiste en "controlar a las administraciones" para que cumplan con su obligación de tutelarlos.

En estos momentos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife existen 330 menores en situación de desamparo. Respecto a la atención a estos chicos, expuso que se ha producido "un avance brutal" y que se ha superado la etapa de la "falta de control y profesionalidad" que existía hace varias décadas en algunos recursos.

Desde el punto de vista de este representante del Ministerio Público en la provincia, "los centros grandes no son buenos", por lo que desde hace tiempo se prefieren los recursos de atención inmediata (CAI), donde residen no más de ocho menores. En este sentido, indicó que si un menor lleva morados, tiene piojos, está demasiado delgado o falta mucho a clase, se debe dar cuenta a los servicios sociales municipales.