Más de 200 investigadores predoctorales canarios están cobrando un salario inferior a lo que obliga el actual Estatuto de personal investigador predoctoral en formación (EPIPF). Estos científicos, que cuentan con la subvención de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), el Ministerio de Ciencia o alguna de las dos universidades canarias, aún perciben únicamente en muchos casos el salario mínimo interprofesional (SMI) cuando, por ley, deberían haber recibido un incremento de al menos el 33% en el último año de su contrato.

Esta situación está a punto de corregirse por parte de todos los organismos concesionarios. Sin embargo, en caso de ambas universidades canarias, el ajuste salarial se demorará un tiempo más. En la Universidad de La Laguna (ULL), como afirmó su vicerrector de investigación, Francisco Almeida, aún se está trabajando para "recalcular la cantidad a financiar", por lo que previsiblemente se demorará más que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en terminar esta labor.

En marzo, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades puso patas arriba la programación financiera de las universidades. Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del EPIPF, aprobó una subida salarial para todos los investigadores predoctorales de España, a partir del tercer año de contrato, pero no "asumió el coste", como constató Almeida.

En el texto del Real Decreto 103/2019 se deja claro que "la retribución de este contrato no podrá ser inferior al 56% del salario fijado para las categorías equivalentes en los convenios colectivos de su ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer año, y al 75% durante el cuarto año".

El Ministerio dejó ese incremento en manos de cada centro, y además, como remarcó el vicerrector de la ULPGC, José Pablo Suárez, "no exponía una cantidad ni un porcentaje" de incremento, por lo que era "bastante difuso". Esto llevó a todas las universidades estatales a reunirse de forma extraordinaria en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para determinar cómo se debía llevar a cabo dicho aumento. Actualmente, en ambas universidades hay 120 y 90 personas con contratos predoctorales, en la ULL y en la ULPGC, respectivamente que, debido a esta difusa instrucción, siguen sin recibir un aumento salarial.

De hecho, varios investigadores de la ULL se pusieron durante el día de ayer en pie de guerra en redes sociales para reivindicar esta subida salarial que ya se ha retrasado durante tres meses. Porque, a pesar de que tendrá carácter retroactivo con fecha de 16 de marzo, los investigadores aún no tienen la confirmación expresa de la administración universitaria sobre si finalmente financiará dicho incremento.

Lo último que saben, según explicaron, es que "la universidad está buscando fondos". En la universidad tinerfeña, los investigadores que denunciaron esta situación son los que actualmente cuentan con uno de los contratos incluidos dentro del Plan Propio de investigación de la ULL, que gozan de la contratación por medio de las convocatorias de 2015 y 2017, con 25 y 20 científicos respectivamente.

No obstante, el vicerrector de investigación de la ULL, afirmó a este periódico que asumirá el coste de los investigadores predoctorales incluidos en su Plan Propio de Investigación, al igual que su homólogo en Las Palmas. Esta confirmación la han realizado después de que la asesoría legal de CRUE confirmara, hace apenas 15 días, que era cada centro de España quien debía asumir el coste.

De esta manera, además, las universidades seguirán los pasos del Ministerio y de la ACIISI, dependiente del Gobierno de Canarias, que esta semana se han comprometido en asumir también la financiación de sus contratados predoctorales, respectivamente. En todo caso, mientras la Universidad de Las Palmas considera que el problema podría estar resuelto después del verano, la Universidad de La Laguna no fija una fecha concreta para que esto ocurra. Se debe recordar, no obstante, que la ULL está en un periodo de cambio de gobierno que culminará el próximo lunes.

"Hay que tener en cuenta que el presupuesto de las universidades se realiza con mucha antelación, en este caso en septiembre" que como recordó José Pablo Suárez, provoca que la partida que se destine a este fin parta de "los fondos extraordinarios". Esto, a su vez, requiere de "cambios en los capítulos y conceptos", unos trámites administrativos que aún demoran un tiempo más el proceso.

La ULL ha calculado que, hasta que concluyan los contratos vigentes actualmente, la subida salarial costará alrededor de 600.000 euros a la universidad. "Una cantidad importante", como recalcó Almeida. A la ULPGC aumentar el salario de sus 37 investigadores predoctorales le costará 44.000 euros.

Por un salario digno

La reivindicación de los investigadores también sucede a raíz de lo que ocurrió en la universidad cuando pidieron que se les subiera el salario mínimo interprofesional. En abril, Comisiones Obreras denunció públicamente a la ULL por no haber incrementado los sueldos hasta ajustarse al SMI, que se había actualizado en enero hasta los 900 euros. En dicho momento criticaron que casi cuarenta investigadores e investigadoras predoctorales que cobran 778 euros brutos mensuales deberían haber tenido un incremento automático los tres meses anteriores. La solución llegó un día después de dicha rueda de prensa y de que el problema se publicara en varios medios de comunicación.

David Quinto, miembro de la junta directiva de la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), afirmó que en prácticamente ninguna universidad pública se está llevando a cabo este incremento salarial. Una situación que ha empujado a los investigadores predoctorales a salir a la calle tanto para manifestarse como para visualizar su huelga. "Son las asociaciones locales que tienen que luchar porque se reconozca esta prestación", afirmó Quinto, que recordó que "se ha puesto la pelota en el tejado de cada centro y esto los hace responsables del posible aumento".

Por su parte, Gregorio Alayón, secretario de la Asociación Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), afirmó que apoyan "las justas reivindicaciones de las personas cuya subida salarial se ha visto postergada". En este sentido, y al existir distintas situaciones en función de la entidad que financia cada contrato, alegó que desde Jinte "se está estudiando que medidas concretas se pueden llevar a cabo para contribuir a solucionar este problema, si bien es un proceso complejo ya que cada convocatoria se encuentra en una situación diferente".