"Hemos esperado a que se cumplieran tres meses desde que el Gobierno estatal aprobó el Real Decreto 1462 de 21 de diciembre de 2018 -entró en vigor el pasado 1 de enero- para actuar y lo llevaremos ante la Inspección de Trabajo". Así valoraron ayer Bebi Vega, secretaria de la sección sindical en la ULL, y Alberto Marín, secretario de Universidad, la acusación de su sindicato, Comisiones Obreras, a la Universidad de La Laguna por no cumplir con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el pago mensual a 42 jóvenes investigadores. Estos "siguen cobrando 735,90 euros, un 22,3% menos de lo que establece la ley: 900 euros".
Explicaron que el seguimiento les ha llevado a dectectar irregularidades en el sector primario -sobre todo en el del tomate, en Gran Canaria- donde se ha utilizado "el truco de incluir conceptos salariales absorbidos por el SMI como la antigüedad. Pero la ULL no lo paga con impunidad".
Los sindicalistas presentaron ayer -además de la nómina de enero de un afectado con un sueldo neto de 692,03 euros- un documento de la gerente de la ULL fechado el pasado 31 de enero. En la comunicación reconocía el incremento y señalaba que se estaba "procediendo a adaptar los salarios afectados a las nuevas retribuciones". Sin embargo, explicaron desde CCOO, "hoy (por ayer) hemos acudido a la Unidad de Nóminas y no tienen ninguna orden para al menos iniciar este proceso con lo cual como mínimo el problema se reproducirá otro mes".
Marín valoró: "Es tan sencillo como que el rector, Antonio Martinón, o el vicerrector de Investigación, Francisco Almeida, den la orden de abono con carácter retroactivo. Y hay dinero en una universidad con dos millones de superávit el ejercicio pasado".
Desde Comisiones explicaron que son 120 los jóvenes investigadores pero solo 42, propios de la ULL, los afectados. Los demás están financiados por el Ministerio o el Gobierno de Canarias.
CCOO añade: "Desde mediados de marzo está en vigor el Estatuto del Investigador en Formación y ya no serán 130 euros sino 400; y a los 120". Añadió que "es inaceptable que trabajen diez o doce horas y cobren 600 euros netos". Marín concluyó: "Todo lo contrario a promover la I+D+i o el regreso de investigadores emigrantes".
¿Un problema administrativo?
CCOO apunta como responsable directo al rector de la ULL, Antonio Martinón. Este achacó ayer el problema en declaraciones a RNE a "cuestiones administrativas" -además de que "se abonará con carácter retroactivo"- que descartaron desde el sindicato para criticar "un comportamiento muy alejado del espíritu universitario del que tanto presume Antonio Martinón. Tememos que esté retrasando todo lo posible su aplicación hasta que se cumpla su mandato dentro de dos meses y sea el equipo que entre el que se responsabilice de su aplicación", algo que consideran "absolutamente indecente" por el posible retraso hasta después del verano.