El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y avala el cese de la directora general del Servicio Jurídico del Ayuntamiento nombrada por el PSOE, Luisa Esther del Toro. Dicho nombramiento se produjo el mismo día que la moción de censura presentada por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso desalojó a la socialista Patricia Hernández de la Alcaldía. El TSJC establece, tal y como adelantó este miércoles, 12 de septiembre, Radio Club Tenerife, que "tal actuación no resiste el mínimo principio de la Buena Fe procedimental y es categóricamente rechazable". Para la Justicia, el anterior grupo de Gobierno (PSOE y la edil de Cs Matilde Zambudio, con el apoyo de Unidas Podemos en la oposición) quiso imponer al nuevo alcalde un cargo "de su cuerda".
Luisa del Toro fue designada por resolución de 13 de julio de 2020 directora del Servicio Jurídico a través "del sistema de libre designación". El TSJC señala al respecto que "una Junta de Gobierno saliente, removida por una moción de censura, el 13 de julio de 2020, aprovecha el último día de su potestad gubernativa para nombrarle al entrante equipo de Gobierno un director de los Servicios Jurídicos (cargo de asesoramiento personal del nuevo alcalde y de la nueva Junta de Gobierno, es decir, de extrema confianza)". El 16 de julio, por resolución de Bermúdez, se deja sin efecto dicho nombramiento.
Del Toro presenta un recurso contra dicho cese que es estimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. El Ayuntamiento de Santa Cruz recurre dicha decisión, con un recurso de apelación, en enero de este año, y el TSJC le ha dado la razón. "La descripción de los hechos da como para pensar que la recién nombrada (en aquel momento) directora de los Servicios Jurídicos municipales, que se pretende endosar in extremis a la nueva junta de Gobierno, no llevara precisamente el márchamo de la confianza, que es el requisito que reviste un puesto típico de asesoramiento".
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL DÍA, determina de manera contundente que "se trata de un planteamiento insostenible, porque, con toda lógica, nadie está obligado a aceptar en un puesto de máxima confianza a la persona nombrada por el contrincante político". El TSJC ha estimado el recurso del Consistorio capitalino, revocando la sentencia del Contencioso Administrativo número 3 y declarando correcto el acto impugnado, "con imposición de costas". Contra esta sentencia cabe recurso de casación.
