El sindicato CSIF formalizó una impugnación contra el pliego que rige el concurso para la adjudicación de los servicios de seguridad privada en locales de titularidad municipal, una licitación que promovió el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, como solución a los problemas laborales que afectaron a los trabajadores de la anterior empresa concesionaria, SH Lanzarote.
Debido a los impagos que afectó a los sesenta trabajadores y que se prolongó durante meses, Cabello resolvió, por incumplimiento de contrato, el acuerdo con la anterior concesionaria y encomendó la prestación del servicio –hasta el mes de diciembre– a Prosegur, por 2.517.430 euros. Ya a partir de enero el responsable de Presidencia del Ayuntamiento tiene previsto proceder a adjudicar el nuevo contrato a la mejor oferta de entre las concurrentes.
Esta previsión de plazos se puede ver afectada por el recurso especial en materia de contratación –como se denomina oficialmente la impugnación– que pone en solfa algunas de las condiciones técnicas y administrativas del nuevo acuerdo marco que licita el Ayuntamiento, para un servicio que entraría en vigor en enero de 2023 con un período de vigencia de cuatro años.
Entre los principales motivos esgrimidos, el CSIF argumenta que «nos parece una aberración que un organismo público, como el Ayuntamiento de Santa Cruz, defina como categoría laboral vigilantes de seguridad masculinos y, como si de otro rango se tratara, femeninos, dado que no se contempla ni en la Ley de Seguridad Privada ni en el propio convenio sectorial, siendo esta una clara discriminación por razón de sexo».
Este razonamiento que expone el sindicato coincide con la denuncia realizada por la concejala de Unidas Podemos en el Consistorio capitalino, Lola Espinosa, quien alertó de que «la diferencia entre hombre y mujer no es una categoría laboral».
«UP trata de enmarañar»
A raíz de la denuncia hecha pública por Lola Espinosa, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento acusó a Lola Espinosa «de enmarañar». «De manera burda pretende confundir», para asegurar que el equipo de gobierno cumple con la Ley de Contratos que «obliga a fijarlo en el presupuesto base de licitación de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional». «Unidas Podemos pincha en hueso, porque este es un procedimiento que se ha llevado muy de la mano de los empleados, que se ha realizado en un tiempo récord y liderado por el alcalde».
Otras supuestas deficiencias
Junto al argumento de emprender una impugnación por establecer categoría laboral según el sexto, el CSIF considera que el pliego que rige el concurso para la adjudicación de la seguridad privada en locales de titularidad municipal «no respeta el derecho de los trabajadores que no aparecen en el nuevo pliego, aunque les corresponde la subrogación en base a la ley y a que actualmente están en paro, alargando sus penalidades al verse abocados a recurrir ante la vía judicial pertinente».
También se cuestiona la forma de valorar las ofertas, al fijarse en el pliego que las 20 horas de formación continua recibirá la máxima puntuación, cuando se trata de una obligación para la empresa en cumplimiento de la Ley.
La impugnación alerta de la creación de una categoría profesional –responsable de grupo– que supone una usurpación de funciones para dicho sector –en opinión del CSIF–, pues se trataría de una competencia del director de Seguridad. Además, se cuestiona que en el pliego se valore más y mejor en puntuación la oferta económica en vez de sopesar la relación calidad/precio del servicio, lo que supone un riesgo que ya conocen los trabajadores: «Volverse a enfrentar a la falta de solvencia de la empresa para pagarles».
