El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha llamado a declarar al exedil de Fiestas de la capital, el socialista Andrés Martín, como investigado por los contratos de los escenarios del Carnaval que el Ayuntamiento adjudicó en 2020. El citado Juzgado ha incoado las diligencias previas a raíz de la actuación de oficio de la Fiscal Jefe, Maria Farnés, con la que se formula denuncia contra Martín por un presunto delito de prevaricación administrativa. La comparecencia del exedil, tal y como se indica en el auto, al que ha tenido acceso EL DÍA, está pendiente de señalamiento.
Todo este procedimiento se inició con la denuncia del empresario Luciano Delgado, un clásico del Carnaval chicharrero, quien aseguraba que se estaban cometiendo "irregularidades" en la contratación de las estructuras técnicas del Carnaval, es decir, de los diferentes escenarios e infraestructuras que se instalan en el Recinto Ferial y en varios puntos de la ciudad para la celebración de concursos, certámenes, actos y bailes. Al frente del Organismo Autónomo de Fiestas estaba el concejal socialista Andrés Martín, miembro del equipo de Gobierno formado por el PSOE y Ciudadanos, con la socialista Patricia Hernández como alcaldesa.
Delgado reprocha al Consistorio que desde el 6 de diciembre de 2019 hasta el 14 de febrero de 2020 no tuviese tiempo de adjudicar el contrato de servicio de estructuras técnicas para los eventos del Carnaval, fraccionándose éste en contratos menores, asignados a varias empresas. "Se tramita todo muy rápido, desde las 15:00 horas del 14 de febrero al domingo 16, para que todo esté preparado para el lunes. Los artífices de ello son el concejal Andrés Martín, el responsable técnico José Arteaga y el técnico asesor externo José Luis Ramírez. Al parecer, el edil le comunica a David Romero, encargado de enviar las solicitudes por correo electrónico a las entidades, que no las envíe a la empresa Benelux Canarias (asesorada por Luciano Delgado)".
El empresario también alerta de una posible subcontratacón de empresas, "pues las que se encargan de ejecutar los trabajos son distintas a las adjudicatarias sin que conste autorización de Fiestas para subcontratar", y señala que "algunas de estas entidades tienen relación comercial, laboral o de domicilio social". En algunos contratos se declara la urgencia y en otros la adjudicación directa.
Un expediente de información reservada del Ayuntamiento de Santa Cruz, tramitado a petición del actual alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, alerta también de "múltiples irregularidades" en la contratación, indicando que se había fraccionado el objeto del contrato de las estructuras técnicas en "múltiples contratos menores" y que no existían informes jurídicos para los mismos. El actual grupo de Gobierno, formado por CC, PP y la edil de Cs Evelyn Alonso, encargó a los Servicios Jurídicos Municipales trasladar toda la documentación a la Fiscalía.
"Se estima que la decisión de excluir y, en consecuencia, anular el gasto del Carnaval del año 2020, carece de justificación. No parece que la sucesión de contratos menores que se tramitó con posterioridad a las decisiones de exclusión pudieran conformar el objeto de un solo contrato menor. Se entiende que se alteran las normas de adjudicación y publicidad", se indica en el decreto dictado en enero por la Fiscalía, con el que se formula denuncia contra Andrés Martín. En este se hace referencia al informe del Oficial Mayor del Consistorio chicharrero del 24 de marzo de 2021, en el que se explica que el Carnaval es una festividad "anual", por lo que "el hecho de que se conozca de antemano la fecha previsible de las fiestas conlleva que todos los años se haya licitado la instalación de escenarios por procedimiento abierto".
Aunque la denuncia del empresario Luciano Delgado fue archivada, la Fiscalía abre diligencias de investigación "al objeto de volver a examinar toda la documentación", con el fin de "dilucidar si hubo irregularidades con relevancia penal, por parte del Organismo Autónomo de Fiestas y del edil de Fiestas, Andrés Martín, así como por aquellos técnicos que intervinieron en los expedientes, en el proceso de contratación de los servicios de estructuras técnicas instaladas con ocasión del Carnaval celebrado en febrero de 2020". La Fiscalía establece que debe valorarse "la idoneidad de la fórmula de contratación escogida", es decir contratos menores en lugar de la licitación abierta de un solo contrato, y "la existencia de vicios que conlleven un trato de favor hacia un grupo de entidades en detrimento de otras".
"Así las cosas, los diferentes expedientes (para los diferentes escenarios del Carnaval) se adjudican a diversas empresas, pero no consta que se hubiera asegurado una lateridad y reparto de los fondos públicos adecuada", apunta la Fiscal Jefe.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife tambié ha llamado a declarar, en calidad de testigos, a varios técnicos municipales y al secretario general del Pleno, Luis Prieto.
"Espero poder declarar cuanto antes para que su señoría conozca toda la verdad; confío plenamente en la justicia"
Por su parte, el exedil de Fiestas asegura que está "bastante tranquilo" y señala que "todo esto parte de una maniobra política del alcalde, José Manuel Bermúdez, y de un empresario (refiriéndose a Luciano Delgado) que, durante más de 30 años, bajo el mandato de Coalición Canaria, ha desempañado más de 11 responsabilidades en el Carnaval". "Existe un interés político, es evidente, y estoy seguro que así lo verá su señoría, ya que tengo plena confianza en la Justicia", agrega Andrés Martín.
Éste aclara que el procedimiento administrativo que se siguió para la instalación de los escenarios del Carnaval 2020 "estuvo bajo criterios técnicos y jurídicos en todo momento, teniendo el pleno convencimiento que se instalaron con arreglo al procedimiento que establece la ley". Tal es así, añade, que el expediente de contratación tiene informes jurídicos positivos y "está informado favorablemente por la intervención de este Ayuntamiento".
Apunta que el valor de los contratado de los escenarios e infraestructuras para el Carnaval 2020 no superó los 150.000 euros, "menor coste que el presupuestado, y no existe un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento". Martín comenta que está a la espera de la notificación del Juzgado para "poder declarar cuanto antes y que su señoría conozca toda la vedad sobre este asunto".
