Santa Cruz de Tenerife venderá la parcela de Isla de Mar al Gobierno «si paga lo que vale». El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), quiere dejar claro al Gobierno de Canarias que solo le venderá la parcela hotelera situada en Cabo Llanos, que en la actualidad está ocupada por la terraza Isla de Mar, si «paga lo que realmente vale», unos 30 millones de euros.
El Ejecutivo ya había manifestado en varias ocasiones, y tal y como lo adelantó EL DÍA, su intención de adquirir dicho terreno, así como el edificio Auditorio, situado en la misma zona y que también pertenece al Consistorio chicharrero. Ahora, dicha intención también ha quedado reflejada en el borrador de las normas que permitirán construir la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos, que incluyen la suspensión del PGO (Plan General de Ordenación) en dicho ámbito. La Consejería de Transición Ecológica inició ayer, y durante 45 días, el periodo de exposición pública de la evaluación ambiental del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que recoge las citadas normas.
En concreto, el Gobierno aprovecha este documento para manifestar que, debido a que el área de Cabo Llanos es una localización estratégica para la fijación de un área de concentración administrativa, está estudiando la «posible adquisición de la parcela de uso turístico de propiedad municipal» que se encuentra en la zona, para reubicar en ella el complejo edificatorio situado en la Rambla de Santa Cruz, ocupado por la Consejería de Sanidad. Asimismo, recuerda que también estudia la adquisición del Edificio Auditorio, cuya capacidad física y funcional se está analizando. Y además de la Ciudad de la Justicia, el Ejecutivo también quiere construir en Cabo Llanos el futuro Edificio de Servicios Múltiples III, «para reubicar los distintos centros directivos existentes en el Múltiples I, ubicado en la avenida de Anaga».
Con respecto a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma compre la parcela que ocupa la terraza de ocio nocturno Isla de Mar, la cual cerró sus puertas después de que el Ayuntamiento revocara la autorización a la empresa responsable de este negocio por una deuda del canon municipal, el alcalde señaló este martes, 26 de abril, que el Consistorio está dispuesto a vender el terreno al Ejecutivo, «pero siempre que abone su valor real».
Bermúdez sentenció que el Ayuntamiento no está dispuesto a que se modifiquen las condiciones urbanísticas de la parcela para que cueste más barata, es decir, «ésta no podrá incluirse en la modificación del PGO que se llevará a cabo en Cabo Llanos para la Ciudad de la Justicia». «Tendrán que pagar lo que cuesta, ni un euro menos. Santa Cruz no va a perder dinero en esta operación porque el Gobierno quiera construir allí un edificio. Una cosa es la Ciudad de la Justicia y otra cosa es esto. Y si es necesario, acudiremos a los tribunales para defender los intereses de los chicharreros. Esperamos que el Ejecutivo entre en razón, si es que en algún momento se le ha ocurrido modificar las condiciones de este suelo».
