Marcela Cansino fue una de las funcionarias de la Concejalía de Servicios Sociales que, junto a todo el personal del departamento, hicieron lo que ahora parecía al menos un milagro: que en menos de una semana comenzaran a concederse las ayudas a los damnificados de la riada del 31M.
Esta trabajadora, recién jubilada del Ayuntamiento de Santa Cruz, recuerda que aquel Domingo de Resurrección estaba en casa cuando se registró la tormenta, antesala de lo que estaba por venir para su labor. Desde primera hora del lunes, 1 de abril, se comenzó a planificar la atención a los damnificados por las lluvias. Entonces no eran habituales los teléfonos móviles, ni internet era un medio que estaba tan implantado como ahora, por lo que se tuvo que improvisar y diseñar unas fichas que permitieran recopilar con todo lujo de detalles las necesidades, así como las donaciones realizadas.
Desde el Cecopal, el área de Servicio Sociales estuvo coordinado por Carlos Alonso Fernández-Aceytuno, quien dio la instrucciones de que ese mismo 1 de abril se habilitaran dos albergues para las personas afectadas por las lluvias que habían perdido sus pertenencias o sus viviendas. «Ese mismo día comenzamos a visitar los barrios. Las jornadas laborales comenzaba a las siete de la mañana y hasta después de las once de la noche no regresábamos a nuestras casas», explica Marcela.
«Hubo quien incluso se negó a abandonar su vivienda en Valleseco que tenía grietas»
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encargaron de tramitar las ayudas de 2.000 euros por familia para los damnificados, que habilitó el Cabildo de Tenerife, y que se repartieron en una semana, al margen de las aportaciones realizadas desde otras administraciones. Se trataba de dar una respuesta inmediata a quienes habían perdido sus enseres o electrodomésticos: su vida.
El personal de Servicios Sociales se involucró en estas tareas de ayuda a los vecinos, hasta los auxiliares hacían de chófer, en algún caso con su vehículo particular, para visitar las viviendas afectadas, algunas de difícil acceso porque había que superar el lodazal.
Junto al Plan de Emergencia Municipal (PEMU) que se acababa de aprobar once días antes, Marcela Cansino considera fundamental la coordinación que presidió las tareas de auxilio a las personas más afectadas, lo que permitió que no se incurriera en duplicar las fichas de los demandantes de las ayudas. También agradece la ayuda recibida desde el colegio de Trabajadores Sociales y del Ayuntamiento de La Laguna, que se pusieron a disposición de sus compañeros de Santa Cruz.
En el área de Atención Social de la capital se mantenían a diario dos reuniones de coordinación al mes , donde se centraron todos los recursos en atender a los damnificados de la riada y a aquellos casos que no se podían aplazar.
Esta responsable de la unidad de servicios sociales fue precisamente la encargada de elaborar los informes sobre el fallecimiento de las ocho víctimas que dejó el 31M: Berta Martínez Jerez, Jesús Domingo Galván, Manuel Ramos González, La niña Samantha Mendoza, Juan Carlos Rodríguez García, Gregorio Ramón Travieso, José Domingo Rodríguez y Diego Santana. Entre las víctimas, Manolo, un vendedor de periódicos que perdió la vida cuando salió en auxilio de un señor al que arrastró el agua; lo salvó a él –al parecer antes había hecho lo mismo con otra persona–, pero no pudo acabar atrapado debajo de un coche, situación que acreditó Cansino.
Recuerdos desoladores
La entonces concejala de Servicios Sociales, Rosario Pino, destacaba la entrega del personal de su departamento que, incluso, tuvo que convencer a alguna familia que se negó a dejar su casa en Valleseco, aunque tenía grietas. Para la edil fue desolador ver a personas despojadas de todo.
