Tras un año de investigación, la Policía Local de Santa Cruz ha intervenido en un almacén de venta al por mayor situado en el polígono de El Mayorazgo en el que se han detectado miles de productos falsificados y sin garantías sanitarias ni de fabricación. Los agentes han registrado ya 33.227 artículos, aunque aún falta por revisar más del 80% de la mercancía acumulada, es decir más de 132.000 productos. Entre estos se encuentran mascarillas, muchas de ellas destinadas a menores; juguetes; textiles; perfumes; y productos pirotécnicos. La investigación arrancó en la vía pública, con vendedores ambulantes, y se continuó en diferentes establecimientos al por menor, sobre todo en los conocidos como "chinos", en los que se estaban vendiendo estos artículos. Finalmente, los efectivos pudieron llegar hasta el almacén del que provenían, el cual ha sido precintado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento chicharrero, en el que ha sido "uno de los operativos policiales más importantes de Santa Cruz de Tenerife, el cual aún no ha finalizado", según lo destacó ayer el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez.
El regidor, junto a la concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, de Cs, el edil de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, y el oficial y portavoz de la Policía Local, Benito Fortes, dieron a conocer este lunes, en una rueda de prensa, los detalles de la investigación. Los agentes accedieron al citado almacén el pasado 26 de marzo, culminando así un año de seguimiento de una mercancía que no parecía cumplir con las normativas establecidas. La carencia de etiquetas; precios muy bajos en productos de reconocidas marcas; códigos inexistentes; incumplimientos con homologaciones comerciales; o el hecho de no aportar documentos que acreditaran la procedencia de la mercancía o facturas por su adquisición fueron algunas de las irregularidades detectadas inicialmente.En una primera aproximación, y tras siete horas de verificación en el interior del local, se han registrado esos más de 33.200 artículos, que ocupaban 300 de los 1.200 metros cuadrados de superficie que tiene el almacén.
Además de la intervención de la Policía Local chicharrera, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y de la Dirección General de Salud Pública realizaron diferentes inspecciones que han culminado con la resolución de cierre del almacén y la formulación de diversas actas de infracción. En el informe técnico de Urbanismo se califica la actividad desarrollada en este recinto como clandestina, añadiendo que existe un gran riesgo de incendio por la mercancía acumulada y porque no se dispone de las instalaciones contra incendios necesarias. Asimismo se indica en el informe que se carece de licencia, que tiene una deficitaria instalación eléctrica y que, incluso, cuenta con una zona precaria usada para preparar comida con múltiples aparatos eléctricos.
Los policías locales de la unidad operativa que se han encargado de este servicio, y que venían recopilando información sobre este asunto desde hace casi un año, han puesto a disposición de la autoridad judicial una muestra de los productos incautados para su análisis. En especial, se ha hecho hincapié en los textiles falsificados (gorras, sudaderas y camisetas), en los juguetes, en los productos pirotécnicos (más de 5.000) y en los elementos sanitarios no homologados, como las mascarillas (9.178). Debido al material encontrado, la hipótesis policial, en el caso de las mascarillas, es que se introducían en embalajes homologados para que aparentaran ser auténticas. Aún se continúa investigando, según explicó a EL DÍA el alcalde, si estos productos "pasaron la aduana y los controles necesarios".
En este sentido, el portavoz de la Policía Local apuntó que, debido a la entidad de este servicio policial, la investigación continuará su curso y se realizarán todos los informes necesarios y las inspecciones preceptivas de todas las administraciones que pudieran tener algún tipo de competencia o vigilancia con los productos y la situación de este almacén. "De especial interés serán las acciones que se determinen por el supuesto delito contra la propiedad industrial o infracciones de protección de los consumidores. También se evaluarán los posibles riesgos para la salud por parte de este material. Todo se pondrá a disposición de las autoridades judiciales", comentó la concejala de Seguridad Ciudadana.
