El Consejo de Ministros dio a luz en la Moncloa el tercer paquete de ayudas para paliar las consecuencias económicas y sociales de las hazañas bélicas de Putin en Ucrania. El mago Pedro Sánchez lanza cheques de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros y con un patrimonio no superior a los 75.000. Quedan excluidos los pensionistas, a los que no les hacen falta porque comen menos pavo y turrón y cobran mucho. Más aún con la revalorización del 8,5 % de acuerdo con el incremento de la inflación. El sorteo del Niño funciona sin bombos y con un impacto de 10.000 millones.
La primera reina maga, Nadia Calviño, lleva artículos básicos con supresión temporal del IVA a fin de hacer frente al alza de precios. El de otros productos bajan. Unidas Podemos sigue reclamando que a las grandes empresas de la distribución se las grave con un impuesto específico. La segunda, Yolanda Díaz, suma y exhibe el decreto que congela durante seis meses el precio de los alquileres cuando haya que renovar contratos. Un alivio. Y un disgusto para el que pone el cazo. La medida se une a la prórroga de la subida máxima del 2% de la renta en los contratos que se revisen. PSOE y UP, a propósito, aceleran las negociaciones de la aprobada y bloqueada ley de vivienda.
Díaz defiende el descuento del transporte público urbano e interurbano en los territorios donde el gobierno municipal y el autonómico lo complementen hasta el 50%. La gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías y media distancia, o el uso de la bici y del patín sin atropellar por la acera a los viandantes. Regalo de polvorones y se mantiene el incremento del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas. O los obsequios de roscones con sorpresas a los más vulnerables, ya que se prorroga la suspensión de los desahucios y los lanzamientos.
Por su parte, la tercera reina, Teresa Ribera, exhibe la prórroga de la rebaja de los impuestos sobre la electricidad y el gas. La congelación del precio máximo de la bombona de butano, así como la prohibición del corte de suministros esenciales y la extensión del bono social. Eso no impide la posibilidad de encender una vela verde para pedir auxilio al patrón y abogado de casos imposibles, san Judas Tadeo.
Apoya a la agricultura con 300 millones en ayudas directas para compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes. Y un cubo lleno de agua a cada agricultor por lo de la sequía, pese a la lluvia de dinero. La bonificación del combustible solo se mantiene para transportistas, el sector del campo y el de la pesca. La deducción generalizada ha favorecido más a las altas rentas porque más carburantes adquieren. Todas las rebajas fiscales universales equivalen a un importante recorte en la recaudación que aumenta el déficit público. Tal y como ha venido solicitando la Unión Europea, no hablamos de una bajada general de impuestos que arriesgue el estado de bienestar, que es la intencionalidad de algunos para beneficiar más a las clases altas.
¿Mejor son las prestaciones directas a las personas con menos recursos o las deducciones en el IRPF antes que rebajas de tipos en el impuesto al consumo? Y más ayudas a los pescadores, aunque nunca llueve a gusto de todos. Langostinos y besugos no se resignan a estar en los platos navideños y se declaran en huelga. Además, el apoyo a la industria y a la descarbonización, por lo que los Reyes de Oriente no podrán regalar carbón a los niños traviesos o a los señores y políticos malos.
Las rebajas de enero traen rebaja del IVA, sí, pero no sirve para abordar las causas del alza de los precios. Según el comisario de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, y otros, «muchas veces es más útil apoyar a las familias y las empresas que bajar impuestos». Cabe la posibilidad de que, si no existe un eficaz control, solo sirva para mejorar los márgenes empresariales en vez de bajar el gasto de la cesta de la compra. El Gobierno vigilará, y si no se cumple habrá puntapiés y sanciones.
Dicho todo esto, el nuevo año trae más subidas en su maleta, a pesar de todas las medidas sociales. La principal cuestión es garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Justicia fiscal y que las crisis no recaigan sobre los trabajadores. Y no la insolidaridad, el «sálvese quien pueda» y las tesis reaccionarias.