Son nombres que debemos conocer. Muy pocos saben de ellos, pero marcaron el devenir político y social de un país en momentos históricos extremadamente convulsos. Son un ejemplo claro de que el sujeto activo jamás podrá quedar impasible ante las injusticias y los cambios drásticos de la sociedad de la que forma parte. Uno de ellos es el fiscal Strassera. Conocido como el azote de los jefes de las tres primeras juntas militares del Proceso de Reorganización Nacional en Argentina. Una dictadura terrorífica con miles de torturados y muertos a sus espaldas. Demostró contra viento y marea que había existido un programa criminal de aniquilación orquestado por las juntas militares, asesinos intocables gracias a la connivencia entre el poder político y el militar. Era la sentencia popular de un país que juzgaba a sus dictadores sin ataduras. Lo que en España se versa como reabrir viejas heridas, en Argentina es la esencia de la memoria histórica. Más cerca de las cloacas del mediterráneo, su papel fue determinante contra los vicios perversos del poder: ella es Ilda Boccassini, la fiscal del proceso Ruby. Un mediático caso para juzgar al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por supuesto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores. Recibió en su despacho un regalo en forma de carta con dos balas que apuntaban a su nombre. Significaba el precio de tambalear las estructuras viciosas de la mafia política italiana. Boccassini se ha visto obligada a limitar su vida bajo protección judicial. Por seguridad no concede entrevistas ni participa en ningún tipo de presentación de televisión, porque el peaje por la libertad se paga caro. Y en el vértice menos templado emerge la figura del periodista. Desamparados y sin protección judicial han pasado a cubrir las carpetas que se eternizan en los cajones de los juzgados. No obstante, todavía existe un atisbo de esperanza para revertir una situación más propia del Chicago de Al Capone. Hace pocos días se realizó un llamamiento sin precedentes: fiscales de ocho países, congregados por Reporteros Sin Fronteras (RSF), han firmado un decálogo de compromisos para que los ataques contra los periodistas no queden sin respuesta penal y se luche contra la impunidad reinante. Los primeros firmantes del Llamamiento del 2 de noviembre trabajan en Brasil, México, Gambia, República Democrática del Congo, Congo Brazzaville, Reino Unido, Eslovaquia y Serbia. Un llamamiento abierto a nuevas adhesiones en el que falta España. ¿Dónde están los nuestros? Se trata de fiscales que han llevado numerosos casos de asesinatos de periodistas y que reconocen su indefensión ante la impunidad persistente y la extrema precariedad. Tal y como refleja RSF, más de 1.000 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en todo el mundo desde 2010 y 118 están desaparecidos desde 2016. Cerca del 90% de los crímenes cometidos contra los periodistas quedan impunes, según la Unesco. Por citar algunos de los ejemplos reflejados en el documento, en México, el 88% de las investigaciones sobre asesinatos de periodistas no llegan a ningún resultado, y los autores intelectuales de esos crímenes casi nunca son condenados. En Filipinas, los principales responsables de la masacre de 32 periodistas en 2009 siguen en libertad. Los autores intelectuales de los asesinatos de Norbert Zongo en Burkina Faso, entre muchos otros, siguen sin ser castigados por la desidia y el encubrimiento de las autoridades. Es un problema global que debe atajarse frente a la corrupción que campa en las timoratas democracias de occidente y los estados de derecho sobradamente reconocidos por los organismos internacionales. A manera de Las Tablas de la Ley, los diez compromisos rubricados inciden en aspectos tan elementales como preservar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones en los casos de crímenes o delitos contra los periodistas; averiguar sistemáticamente el vínculo entre el crimen y la actividad periodística de la víctima; garantizar la protección de los periodistas amenazados y de sus familias; colaborar con sus homólogos internacionales y en países extranjeros; o proteger el secreto de las fuentes. El escritor danés Hans Christian Andersen dijo una vez que «la prensa es la artillería de la libertad». Sin embargo, se olvidó especificar quiénes eran los que apretaban el gatillo.
@luisfeblesc
