Decían por ahí, sí, por ahí –así están las cosas–, que los dos partidos mayoritarios de España alcanzarían pronto un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pocos sabían ya a ciencia cierta si el Partido Popular esta vez iba en serio, como pareció indicar su actual presidente, o igual que el malhadado presidente anterior, iba a querer seguir toreando a los negociadores del PSOE, con el único objetivo de que la renovación no se produjera antes de las próximas elecciones generales, para así conseguir la mayoría en el Consejo que les permitiera «controlar desde atrás» –no es mía la expresión, hagan memoria– al poder judicial, procediendo al nombramiento de magistrados que les sean afines para los altos tribunales españoles.
Todo lo reproducido en el párrafo anterior es tan brutal que sorprende que los responsables políticos en general no se hayan preocupado lo más mínimo de esconder un poco, algo al menos, semejante agresión a la división de poderes. Al menos, en ocasiones anteriores, el intercambio de cromos fue escénicamente un poco más decoroso, pero ahora el descaro parece no preocupar, en el fondo, a nadie. La desvergüenza se ha normalizado tras casi cuatro décadas jugando a lo mismo.
Ahora ya es tarde. Hagan lo que hagan, nadie va a poder creer nunca más que el CGPJ es esa «autoridad independiente» que desea ingenuamente el Consejo de Europa –entre otras organizaciones internacionales– para ocuparse de los asuntos que más pueden inquietar la independencia de los jueces. Ya nadie va a confiar en que el CGPJ no está o no va a estar profundamente politizado. Tampoco si Congreso y Senado proceden por fin a la demasiado cacareada reforma que permita que los jueces elijan, al menos en su mayoría, a los integrantes de esa autoridad independiente. Y es que esa es otra ingenuidad de las más insistentemente sugeridas por el Consejo de Europa y por esas otras organizaciones internacionales. En un lugar en el que desde hace años los destinos judiciales más importantes dependen esencialmente de las buenas relaciones humanas de los jueces con los compañeros que ostentan cargos superiores, y donde además esos mismos jueces se agrupan en asociaciones que la prensa no duda en calificar ideológicamente, pensar que esas elecciones entre jueces y para jueces no se van a politizar también supone simplemente estar soñando despierto. Las asociaciones, sea como fuere, dominarán el proceso electoral arrastrando la mayoría del voto, por lo que estará servido el sesgo político de los candidatos finalmente elegidos.
Debieran revisar varios de sus postulados las organizaciones internacionales que se ocupan de establecer los estándares democráticos de la justicia, formulados para países y situaciones demasiado diferentes entre sí. No existe la piedra filosofal de la independencia judicial, pero lo que sí conocemos ya muy bien son los actores y factores que la inquietan. En esos son en los que hay que fijarse, es decir, en las fuerzas políticas con perspectivas de Gobierno y en los poderes económicos, así como en los temas que les afectan directamente en su respectivo bolsillo y en la responsabilidad penal de sus integrantes. Es insensato para la democracia ponérselo tan sencillo para que potencialmente puedan manipular la justicia a su conveniencia.
Antes fue el Tribunal Constitucional, con fallos absolutamente sesgados en contra del actual Gobierno. Desde hace cuatro años es el vodevil de la renovación del CGPJ. Son dos instituciones clave para la confianza ciudadana en la justicia que se han conseguido perjudicar irreparablemente a ojos de la ciudadanía. Ya se sabe que una reforma constitucional no es posible, porque quien ahora «controla desde atrás» no quiere cambios para no perder su poder. Pero algún día habrá que plantearse que los sistemas políticos no duran para siempre y que hay que reformarlos para cuidarlos. Lamento decirlo, pero pese a la abnegación de muchos jueces, la imagen ciudadana de la justicia es lamentable. Solo una reforma constitucional creíble de la justicia, con parámetros democráticos y mecanismos de prevención de la corrupción, conseguirá devolver a los ciudadanos la confianza en aquellos que fueron pensados para estar ahí cuando todo falla: los jueces.
