No creo que sea superfluo hablar claro. Ha sido una torpeza inaudita lo que hizo la empresa promotora del proyecto Cuna del Alma el otro día: entrar en un piso piloto okupado por los activistas que se oponen a la construcción en las inmediaciones del puertito de Adeje de una urbanización de lujo y sacarlos –intentar sacarlos– con admoniciones, amenazas, empujones y alguna hostia. Es un proceder tan estúpido –mandar a practicar un desalojo a un equipo de seguridad privada bajo el mando despendolado del director del proyecto– que solo cabe explicarlo por la ignorancia de lo que está ocurriendo fuera de su jardín edénico o por la sensación de impunidad que brindan muchos millones de euros y muchas complicidades políticas. Por supuesto, los activistas no tienen derecho a estar ahí. Invaden una propiedad privada. Pero son activistas, no abogados, y están ahí exactamente por eso. Cualquier experto en conflictos de esta naturaleza –intereses económicos y empresariales por un lado y elementos de la sociedad civil por otro– sabe que utilizando la violencia la parte más poderosa de la ecuación conflictual está alimentando y hasta legitimando la postura de la parte más débil. Asombra que gente con tanta pasta, tantos masters y tanta seguridad privada no conozca algo tan obvio y elemental. Y que no reconozcan que tienen un problema y no precisamente un problema de orden público.
Pero los activistas que se manifiestan contra el proyecto Cuna del Alma también tienen un problema, y no precisamente un problema de orden moral. Compartir la mayoría sustancial de sus argumentos para rechazar una intervención en el territorio que privatiza estrictamente espacios y paisajes (yo lo hago) no debería servir como excusa para no mencionarlo. Y el problema es que no existe ninguna razón jurídica que pueda frenar el proyecto. Absolutamente ninguna. Es cierto que los promotores han sido multados por la destrucción de algunos vestigios arqueológicos y que la acción sobre el terreno ha perjudicado varias plantas protegidas reglamentariamente. En el peor de los casos pagarán la multa y en paz. Pero, ¿cómo detener legalmente la construcción? ¿Revirtiendo o suspendiendo las licencias municipales? ¿Y sobre qué sustento normativo? Si se produjera cualquier paralización infundada legalmente los inversores correrían a los juzgados en brazos de los abogados más y mejor alicatados del país y no solo ganarían cualquier acción legal, sino que exigirían un muy oneroso lucro cesante. Sin duda los activistas del puertito de Adeje disfrutan de una amplia simpatía y apoyo entre los ciudadanos tinerfeños, pero están en la obligación de informar si cuentan con una estrategia legal viable para la paralización del proyecto y no únicamente del loable recurso de la manifestación y la protesta.
Hace años que Cuna del Alma navega sigilosamente por las aguas de las administraciones local, insular y autonómica y consiguió sin problemas todas las autorizaciones pertinentes. Lo que urge es una reforma normativa que –por ejemplo– la información no se limite a la exposición pública de los proyectos, sino que, en el caso de aquellos que supongan un consumo importante del territorio o signifiquen una inversión particularmente elevada, sea puesto a disposición de un consejo asesor a nivel insular con representación de empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, profesores universitarios y organizaciones ecologistas y medioambientalistas. Un consejo sin competencias decisorias pero al que llegara toda la información antes de que se proceda a estampar las autorizaciones definitivas. Simplemente para empezar. Está bien que los activistas sigan en Adeje, pero ya es hora de que manden una delegación a la calle Teobaldo Power.
