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Alfonso González Jerez

Retiro lo escrito

Alfonso González Jerez

Mecer la cuna

No creo que sea superfluo hablar claro. Ha sido una torpeza inaudita lo que hizo la empresa promotora del proyecto Cuna del Alma el otro día: entrar en un piso piloto okupado por los activistas que se oponen a la construcción en las inmediaciones del puertito de Adeje de una urbanización de lujo y sacarlos –intentar sacarlos– con admoniciones, amenazas, empujones y alguna hostia. Es un proceder tan estúpido –mandar a practicar un desalojo a un equipo de seguridad privada bajo el mando despendolado del director del proyecto– que solo cabe explicarlo por la ignorancia de lo que está ocurriendo fuera de su jardín edénico o por la sensación de impunidad que brindan muchos millones de euros y muchas complicidades políticas. Por supuesto, los activistas no tienen derecho a estar ahí. Invaden una propiedad privada. Pero son activistas, no abogados, y están ahí exactamente por eso. Cualquier experto en conflictos de esta naturaleza –intereses económicos y empresariales por un lado y elementos de la sociedad civil por otro– sabe que utilizando la violencia la parte más poderosa de la ecuación conflictual está alimentando y hasta legitimando la postura de la parte más débil. Asombra que gente con tanta pasta, tantos masters y tanta seguridad privada no conozca algo tan obvio y elemental. Y que no reconozcan que tienen un problema y no precisamente un problema de orden público.

Pero los activistas que se manifiestan contra el proyecto Cuna del Alma también tienen un problema, y no precisamente un problema de orden moral. Compartir la mayoría sustancial de sus argumentos para rechazar una intervención en el territorio que privatiza estrictamente espacios y paisajes (yo lo hago) no debería servir como excusa para no mencionarlo. Y el problema es que no existe ninguna razón jurídica que pueda frenar el proyecto. Absolutamente ninguna. Es cierto que los promotores han sido multados por la destrucción de algunos vestigios arqueológicos y que la acción sobre el terreno ha perjudicado varias plantas protegidas reglamentariamente. En el peor de los casos pagarán la multa y en paz. Pero, ¿cómo detener legalmente la construcción? ¿Revirtiendo o suspendiendo las licencias municipales? ¿Y sobre qué sustento normativo? Si se produjera cualquier paralización infundada legalmente los inversores correrían a los juzgados en brazos de los abogados más y mejor alicatados del país y no solo ganarían cualquier acción legal, sino que exigirían un muy oneroso lucro cesante. Sin duda los activistas del puertito de Adeje disfrutan de una amplia simpatía y apoyo entre los ciudadanos tinerfeños, pero están en la obligación de informar si cuentan con una estrategia legal viable para la paralización del proyecto y no únicamente del loable recurso de la manifestación y la protesta.

Hace años que Cuna del Alma navega sigilosamente por las aguas de las administraciones local, insular y autonómica y consiguió sin problemas todas las autorizaciones pertinentes. Lo que urge es una reforma normativa que –por ejemplo– la información no se limite a la exposición pública de los proyectos, sino que, en el caso de aquellos que supongan un consumo importante del territorio o signifiquen una inversión particularmente elevada, sea puesto a disposición de un consejo asesor a nivel insular con representación de empresarios, sindicatos, asociaciones vecinales, profesores universitarios y organizaciones ecologistas y medioambientalistas. Un consejo sin competencias decisorias pero al que llegara toda la información antes de que se proceda a estampar las autorizaciones definitivas. Simplemente para empezar. Está bien que los activistas sigan en Adeje, pero ya es hora de que manden una delegación a la calle Teobaldo Power.

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