El pasado 18/09 tuvo lugar en Barcelona una gran manifestación organizada por 15 asociaciones civiles catalanas para reclamar que en Cataluña el castellano o español sea, como el catalán, lengua vehicular en la escuela pública y concertada. Y es que, aunque parezca mentira, allí el idioma oficial del conjunto de España no puede utilizarse en la enseñanza. Ni siquiera en los primeros escalones de infantil y primaria para facilitar la integración escolar de quienes lo tienen como su lengua madre, una reiterada recomendación de la Unesco. Tal situación, única en Europa (con alguna excepción anecdótica), es especialmente grave en Cataluña, donde el español es la lengua madre del 52% de la población.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo han tratado, a instancias de las familias, de remediar tan injusta realidad y emitido varias sentencias disponiendo que en las materias troncales un porcentaje mínimo (el 25%, equivalente a una asignatura) se enseñe en castellano. Ante la actitud dilatoria de la Generalitat en el cumplimiento de la última sentencia firme, el TSJC la requirió para que la ejecutara sin demora. Pero los nacionalistas, habituados a desdeñar las advertencias de los tribunales, urdieron a toda prisa, con los socialistas del PSC, dos normas (L. 08/2022 y D-L. 6/2022) de dudosa constitucionalidad para impedir su ejecución.
El Gobierno de Sánchez no impugnó dichas normas ante el TC, lo que hubiera implicado la suspensión de su eficacia, para no arriesgar su alianza con ERC, evidenciando de nuevo que los sucesivos Gobiernos centrales realizan concesiones estratégicas o de fondo al nacionalismo catalán a cambio de apoyos tácticos a corto plazo. Ocurrió, v.gr., con el PP, cuando Aznar frenó el recurso del Defensor del Pueblo a la Ley de Política Lingüística (1999) para asegurarse los votos de CiU, y ahora ocurre con el PSOE. Es lógico, pues, que quienes se ven abandonados por los dos grandes partidos reclamen sus vulnerados derechos lingüísticos.
