Una de las paradojas del golpe de la pandemia en la estructura socioeconómica de España fue el crecimiento de la digitalización, con un avance provocado por el confinamiento, un contexto que impulsó a su vez el teletrabajo, la educación online y la adaptación del ocio cultural y lúdico a las plataformas y ofertas digitales de los emisores de contenidos. El estudio Sociedad Digital en España 2022, realizado por la Fundación Telefónica, analiza de forma pormenorizada el impacto del escenario de emergencia sanitaria en la conectividad y hábitos tecnológicos en el territorio nacional. En el caso de Canarias, el efecto es sobresaliente: el 96,7% de los hogares dispone de accesibilidad a la red de internet, un porcentaje por encima de la media española, que estaba en el 95,9%.
En un desglose del modelo de adaptación de los isleños a una realidad tecnológica en aumento destaca, entre otras inclinaciones, el uso creciente de herramientas como las citas médicas, material de aprendizaje, periódicos y revistas online, servicios de la banca y el correo electrónico. A nivel colectivo, como hemos resaltado, el trabajo en casa disparó los procesos de conectividad, de la misma forma que lo hizo el cambio vertiginoso al que se vio sometido el sector educativo.
La experiencia, en el contexto dramático de la pandemia, resultó ser un campo de experimentación para los canarios, pero también la mejor prueba para conocer las dificultadas para avanzar hacia una sociedad tecnologizada. La situación puso en evidencia, aún más si cabe, la brecha digital entre mayores y jóvenes, las carencias tecnológicas y arquitectónicas para el teletrabajo, y las carencias económicas de escolares para acceder a un ordenador.
El carácter vanguardista con que los isleños prosperan en la sociedad digital debe ser, por otra parte, un estímulo para que los planes autonómicos contemplen las medidas necesarias para atenuar las diferencias en el acceso a las nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, los efectos son demoledores para los que no tienen los conocimientos para manejar la administración electrónica.
La Fundación Telefónica, en su informe, subraya, no obstante, el esfuerzo institucional para mantener la competitividad en el capítulo de la digitalización, tanto en lo que se refiere en limar posibles desigualdades como en la capacidad tecnólogica. Planes que han contado con financiación europea, como el sistema de almacenamiento SAN, instalado en cada provincia, una infraestructura que permite reducir las saturaciones que se puede producir en momentos puntuales asociados a procedimientos masivos (becas, pagos tributarios, etc.). Asimismo, la migración de estos nuevos servidores ha reducido la latencia (tiempo de respuesta); se ha mejorado la transferencia de los datos, y se ha reducido en seis horas el periodo de realización de las copias de seguridad. Pero este empeño por mejorar y acondicionar la conectividad de la sociedad con la administración pública no debe ser el único objetivo.
Queda por delante un trabajo intenso para que pequeñas y medianas empresas caminen hacia el proceso de transformación digital, también en el manejo del big data para obtener ventajas en sus respectivos negocios, donde Canarias es una alumna aventajada al menos en lo que se refiere a los mecanismos para reservas del sector turístico. Crear las bases para una infraestructura óptima para el flujo de datos no serviría de nada si fallan los actores de la iniciativa privada.
La carrera hacía la extensión de la digitalización, la revolución del siglo XXI, está todavía en su fase inicial, pese al relieve de las transformaciones que se han producido. Los progresos en la consolidación de la tecnología 5G, la quinta generación para la telefonía móvil, nos sitúa ante realidades como la conducción autónoma, la cirugía remota o los servicios de la llamada smart city, la ciudad interconectada y del internet de las cosas, un mundo de sensores para la vida privada y pública.
Los vertiginosos cambios que se avecinan deben elevar a un estadio prioritario la preocupación por la digitalización, especialmente en los aspectos éticos que afectan a la privacidad. La pugna entre los gobiernos y las tecnológicas para la protección de datos constituye ahora mismo uno de los grandes debates de la ciencia social.
Canarias tiene una experiencia con el desarrollo tecnológico para atenuar su fragmentación geográfica; dispone de unas ventajas fiscales por su carácter ultraperiférico; su clima la hace ideal como destino preferente para los nómadas digitales; tiene una posición privilegiada para ser un nodo estratégico de cara al desarrollo tecnológico, indisoluble de la acción humanitaria, del continente africano, y su economía turística le ha dado las herramientas y conocimientos necesarios como territorio de acogida de iniciativas tecnológicas, así como para exportar su modelo de gestión del flujo de visitantes turísticos... Son algunos de los aspectos para considerar que el Archipiélago canario está en condiciones de pujar por un sector, que, además, contribuye a la sostenibilidad. A este respecto, no se puede obviar la controversia que se ha suscitado en Europa por la situación ventajosa en el pago de impuestos por las grandes tecnológicas. Un agravio, que, como en el caso de Irlanda, va a menos gracias a los acuerdos de la OCDE.
La sociedad digital supone un viraje en los hábitos de las personas y una aceleración a la hora de los aprendizajes. A la vista de los datos, el Archipiélago es un discípulo bien dotado para la transformación.
Corresponde por tanto a los poderes públicos y empresas privadas la creación de las condiciones tecnológicas para sintonizar con una demanda que supera la media española. Un ejercicio inconmensurable dado los ámbitos que afecta, desde la educación a la sanidad, pasando por el urbanismo, vida doméstica, tráfico, arquitectura, cultura, administración... Y todo ello bajo la observancia de los cumplimientos éticos, tanto los derivados del tratamiento de los datos privados, como los que provengan de la ciberdelicuencia.
