Al igual que el Chile de Pinochet fue un banco de pruebas de las teorías económicas de los conocidos como Chicago boys, la Ucrania de Volodímir Zelenski aspira a convertirse en laboratorio del neoliberalismo y la nueva economía digital.
Resulta así significativo el número de ministros y funcionarios de Ucrania y empresarios de distintos países que acudieron este verano a la Conferencia para la Recuperación de Ucrania, que se celebró en Lugano bajo patrocinio del Gobierno helvético.
Ucrania se presentó allí como un Estado moderno y digital, libre de ataduras burocráticas, de molestas reglas laborales y de estructuras corruptas: en resumidas cuentas, un Estado muy atractivo para los inversores internacionales, a quienes siempre ha preocupado, como se sabe, el exceso de regulaciones.
Ni es por tanto tampoco extraña la presencia registrada en esa ciudad suiza de representantes de multinacionales del sector agroquímico como Syngenta o Novartis o de las consultoras PWC y McKinsey.
El jefe del Gobierno de Kiev, Denys Schmyhal, que acudió a Lugano junto al presidente del Parlamento ucraniano, hizo allí una primera estimación de lo que costaría la reconstrucción del país asolado por la guerra.
Habló de 750.000 millones de dólares, pero la destrucción continúa y la cifra final será sin duda mucho más alta. Schmyhal explicó que buena parte de ese dinero tendría que aportarla Rusia con las divisas confiscadas en el extranjero tanto de su Banco Central como de sus oligarcas.
El titular suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, explicó a los ucranianos, según cuenta la periodista Anna Yijareva (1), que el derecho de propiedad es uno de los derechos fundamentales, que ha de proteger el Estado y que semejante confiscación crearía un peligroso precedente.
El Gobierno de Zelenski ha ideado un sistema de patrocinio internacional por el cual distintos Estados, regiones o comunas podrían financiar proyectos concretos en Ucrania, por ejemplo en el terreno de la energía, tanto la nuclear como la verde.
Y mientras tanto, Kiev trata de atraer a los inversores internacionales con propuestas de privatización, contratos de trabajo más flexibles y medidas de liberalización económica en general.
Hace ya un par de años, el entonces primer ministro ucraniano, Oleksi Hontscharuk, anunció una nueva legislación laboral porque, según explicaba, contratar a un trabajador era tan difícil como adoptar a un niño.
Preocupado de no asustar a los inversores y aprovechando que su partido, Servidor del Pueblo, dispone de una mayoría parlamentaria, al Gobierno de Zelenski no le faltó tiempo para impulsar una reforma tras otra, todas ellas de corte neoliberal.
Así, en el terreno laboral, frente a las protestas de los sindicatos tanto ucranianos como europeos y de la Organización Mundial del Trabajo, se ha aprobado una reforma que liberaliza las relaciones entre la empresa y el trabajador en detrimento siempre de este último.
El borrador lo redactó el expresidente de Georgia Mijeil Saakashvili, quien ha estado asesorando al Gobierno de Kiev junto a la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAid) y la asociación de empresarios de Ucrania.
Según la organización ucraniana de izquierdas Sozialnyi Rush, tales concesiones ultraliberales a los empresarios solo servirán para empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos y no contribuirán a mejorar la economía.
(1) En la revista mensual alemana Blätter für deutsche und internationale Politik.
