Hoy, 22 de julio deberíamos estar celebrando los 50 años del nacimiento de nuestro fuero; poniendo en valor a quienes durante décadas lucharon por convertir en Ley una norma que compensa nuestro hecho insular; la fragmentación de nuestro territorio y nuestra lejanía del continente. Hoy deberíamos estar celebrando nuestro fuero y, sin embargo; este aniversario nos vuelve a pillar, de nuevo, defendiéndolo.
En 1972 se aprobó la primera Ley del REF y desde entonces no hemos dejado de defenderlo. Nos hemos pasado medio siglo luchando para no perderlo, mientras perdíamos oportunidades de mejorarlo. Cada cambio funcionarial o político en el ministerio de Hacienda o en Moncloa nos ha obligado a los canarios a ir a Madrid a explicar una y otra vez qué es Canarias. Pese a tener una Ley que nos reconoce derechos e instrumentos; pese a tener un fuero que nació fruto del mayor consenso político y social posible nunca hemos podido dejar luchar y de conquistar una y otra vez, década tras década, los mismos derechos.
Canarias tiene un fuero, sí, pero seguimos aspirando, 50 años después, a que sea respetado, a que no se cuestione. Pensamos, ilusos de nosotros, que al incorporarlo al Estatuto de Autonomía lograríamos elevar su rango a Ley Orgánica y, por lo tanto, ya no sería necesario peregrinar a Madrid para explicar qué es Canarias y cuáles son nuestros derechos. Nos equivocamos. Cuatro años después de aprobarse nuestro Estatuto de Autonomía seguimos dilapidando tiempo y esfuerzo en dar las mismas batallas; en explicar que el REF no es un privilegio sino que es un derecho de Canarias.
Lo vimos hace unos días en el Debate sobre el Estado de la Nación donde Pedro Sánchez justificaba la falta de medidas específicas para paliar la inflación en Canarias y el hecho de que no se incluyera el transporte terrestre gratuito en las islas y sí el tren en la Península señalando que «Canarias ya tiene el descuento del 75% para residentes», como si ese no fuera un derecho ya incuestionable recogido por Ley. Y eso ocurre porque no lo ven como un derecho de los canarios más que justificado para garantizar nuestra movilidad. Al contrario, lo ven como un privilegio y ello demuestra que, 50 años después, nuestro REF sigue sin ser entendido.
La Ley del REF y las actualizaciones que ha tenido a lo largo de este medio siglo de historia, tanto en los aspectos fiscales como en los económicos, es la herramienta que, sin duda, más ha contribuido a transformar Canarias y a conseguir cotas de mayor bienestar económico y social para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra.
Es incomprensible e inaceptable que una norma promulgada hace medio siglo para compensar los sobrecostes de vivir a 1.500 km del continente esté continuamente sujeta a la interpretación del Gobierno de turno en Madrid y se incumpla reiteradamente.
No me imagino a un presidente cuestionando aspectos del fuero vasco, por ejemplo. Y no me lo imagino porque no me cabría en la cabeza que los diputados de cualquier signo político del País Vasco lo consintieran. Se revolverían ante cualquier vulneración de sus fueros.
En Canarias, no ocurre así. En Canarias impera el silencio de aquellos que supeditan la defensa de las islas a la defensa de unas siglas políticas. Los mismos que dicen una cosa en las islas y hacen otra muy distinta cuando están en Madrid. Aquí se les llena la boca cuando hablan de nuestro fuero y nuestros derechos y en Madrid son capaces incluso de votar junto a VOX para frenar una propuesta de resolución que buscaba un compromiso para desarrollar al máximo nuestro Estatuto y nuestro REF.
La defensa del REF o del Estatuto –que es por desgracia una batalla incesante– no puede estar sujeta a estrategias políticas. Ello supone un enorme peligro, porque equivale a cuestionar, en función de cómo sople el viento para los partidos estatalistas, un fuero que tiene su origen en el siglo XVI tras la Conquista de Canarias, y posteriormente, en 1852 con la Ley de Puertos Francos y que incide de forma directa en el precio del agua, de la luz, de los billetes de avión y barco, en la fiscalidad, en la economía, en la cesta de la compra, en el empleo… en definitiva, en el día a día de los canarios. Como se suele decir, con las cosas de comer no se juega.
Decía José Miguel González, artífice del estatus de Canarias en la Unión Europea y negociador de la modernización del REF, compañero fallecido recientemente, que una de las ventajas de nuestro Régimen Económico y Fiscal era el «principio de continuidad territorial». Si algo puede definir al REF es que nos permite a los canarios y canarias «el acceso, la puesta de las producciones y de las personas y de sus actividades en igualdad de condiciones como si estuviéramos unidos a Cádiz». Se puede decir más alto, pero no más claro. Y eso que definía José Miguel tan nítidamente sigue sin ser aceptado plenamente no solo por el actual Gobierno de España sino por sus antecesores. La visión de quienes han gobernado y gobiernan España no les permite ver más allá de la costa gaditana.
Nuestro Régimen Económico y Fiscal no es una prebenda del Estado a Canarias, no es un regalo, no es una compensación que limite el derecho de acceso a otras ayudas puestas en marcha para atender crisis coyunturales como la pandemia o la inflación. Son un conjunto de herramientas que reconocen nuestras diferencias y nos permiten ser iguales. Pero 50 años después los partidos centralistas siguen sin conocerlo o sin querer darse por enterados. Es una norma anclada en el Estatuto de Autonomía y protegida por la Constitución de 1978, que la garantiza en su Disposición Adicional Tercera, y cuyo espíritu está recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, le pese a quien le pese.
Este medio siglo del Régimen Económico y Fiscal ha sido un camino de adversidades y permanentes agresiones al fuero canario, salvado por el empeño de la sociedad de nuestras Islas en que se respete lo que somos: un territorio singular.
Un territorio especial, con ventajas naturales, pero también con problemas estructurales derivados de la insularidad, la lejanía. El REF es una conquista de siglos que a día de hoy debemos a personas que son parte de la historia reciente de Canarias. En 2007 pedía el presidente Adán Martín que tiráramos de «patriotismo» para que el proyecto de reforma del REF que defendió saliera de las Cortes «lo menos rebañado posible». A ese mismo patriotismo, que como él mismo decía no es exclusivo de héroes sino que debe ser patrimonio personal de todos los canarios y canarias, debemos seguir apelando hoy en día para garantizar la vigencia de esta Ley. Para que la próxima efeméride podamos, por fin, celebrarla.