La Comisión Europea ha lanzado un serio aviso a España, señalando que, aunque la recuperación del País está en marcha, su situación es «económica y socialmente vulnerable».
Si queremos ver la botella medio llena, podemos aceptar que no llegamos a ser frágiles.
Pero si rascamos un poco en los motivos de la vulnerabilidad indicada por Bruselas, señala un excesivo gasto, una elevada deuda y un déficit estructural muy alto.
Una trinidad que subraya la necesidad de «una política fiscal prudente y creíble desde 2023».
O lo que es lo mismo: austeridad, austeridad y austeridad.
Y cuando hablamos de España, hablamos de las instituciones públicas que la componen: Estado, Autonomías, empresas públicas y Administración Local.
Un jaque, en toda regla, a la tasa de desempleo y a la recuperación, sin olvidar los agentes externos, tales como la inminente subida de tipos de interés, finalización de los estímulos financieros del BCE, la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus efectos en el encarecimiento de materias primas, inflación o restricciones en los suministros industriales y alimentarios.
Por ello la Unión Europea ha lanzado una ampliación de la regla de gasto, que relaja la capacidad de cumplimiento con las restricciones presupuestarias y una emisión de fondos y préstamos para apuntalar la renovación a través de inversiones eficientes.
Hecho, que como sabemos, no fluye tan rápido como debería hacia el tejido empresarial para crear valor añadido y empleo.