Ya empezó el desmantelamiento de la antigua Refinería de Petróleos de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife. Supuestamente antes de año y medio habrá concluido la operación y el municipio de Santa Cruz de Tenerife dispondrá de más de medio millón de metros cuadrados para su nueva (y única) expansión. Porque Santa Cruz tiene un problema de crecimiento territorial acotado que no sufre, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria. La Refinería de Cepsa ha sido durante un siglo un tapón para la expansión de la capital tinerfeña. Por supuesto que se celebró un acto protocolario que no fue iniciativa del ayuntamiento santacrucero, sino de la Presidencia del Gobierno de Canarias, y ahí estaba Ángel Víctor Torres, que invitó a la ministra Teresa Ribera, y por supuesto se sumaron su homólogo canario, José Antonio Valbuena (en bambas), y el presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, y varios directores generales y asimilados. Qué relación tenían todos estos paisanos con el acuerdo firmado por el ayuntamiento y Cepsa en 2018, tutelado entonces por el Gobierno autonómico, es un misterio si uno no recuerda que dentro de un año se celebran elecciones. Así lo entendió la concejal y exalcaldesa Patricia Hernández, que se apuntó a la performance para chupar cámara con denuedo.
El proyecto Santa Cruz Verde 2030 es sustancialmente el articulado del convenio de 2018 y su éxito o fracaso será el éxito o fracaso de la ciudad en el próximo medio siglo. Santa Cruz de Tenerife se juega su crecimiento económico, la higienización de su maltrecho urbanismo y sus condiciones de vida colectiva. De los 573.000 metros cuadrados de superficie, el 66% quedarán como uso público –parques, jardines, equipamiento y dotaciones como un nuevo viario– mientras que la superficie restante será de naturaleza residencial y terciaria. Para crear una pequeña ciudad que mejorará como espacio público a toda Santa Cruz va a ser imprescindible reformar el Plan de Ordenación Urbana, modificar la normativa urbanística, establecer formas jurídicas de colaboración entre ayuntamiento, cabildo y gobierno regional, agilizar contrataciones y encomiendas. Todo esto supone no solo un trabajo ímprobo y sistemático por parte de las administraciones públicas afectadas –todas– sino un compromiso estricto para no partidizar un proyecto trascendental como Santa Cruz Verde 2030, sea quien sea quien gobierne en los próximos ocho años. Un lapso de tiempo razonable, porque un proyecto tan amplio o complejo no puede eternizarse o, simplemente, no acabará nunca. Y la capital tinerfeña necesita como el comer de un objetivo estratégico que demande puestos de trabajo, reavive el debate social, responda a necesidades imperiosas y dibuje un horizonte común de desarrollo, crecimiento y reinvención de la capital dentro de las condiciones de digitalización, sostenibilidad, ahorro energético y energías limpias que establece razonada y razonablemente la Unión Europea.
En el proyecto existe una exhortación a imponer procesos de participación urbana «mediante la escucha activa de los vecinos en todas las fases de actuación». Quizás es demasiado abstracto. Pero lo que está claro es que antes de salmodiar de nuevo lo de la «capital del Atlántico» y otros aldeanismos, debería entenderse que ya acabó la era de los proyectos impuestos desde los despachos políticos. Toda Santa Cruz debe estar involucrada en un proyecto que definirá su futuro. Nada de escucha activa, como búhos que oyen el ruido de la noche en las ramas de los árboles, sino conversación cívica y debate democrático con colegios profesionales, especialistas, centros universitarios, asociaciones vecinales, entidades culturales. Sin prisas pero sin pausa. Sin promesas incoherentes, pero sin petulancia, desprecios o arribismo.
