Casi nadie cuestiona que estamos entrando en una espiral de recesión económica mundial, en la que la inflación se desboca, prosigue la escasez de productos en origen, los precios de la energía y los combustibles siguen anormalmente altos y, como consecuencia, la confianza de empresas, inversores y familias no remonta.
Las perspectivas financieras tampoco son halagüeñas, pues los bancos centrales comienzan a avisar de un cambio, más restrictivo, en la compra de deuda y la subida de los tipos de interés, mientras la morosidad asoma su patita en la economía doméstica, con claras consecuencias en la solvencia del sistema financiero, la restricción de concesión de créditos y la insoslayable subida complementaria de tipos de interés.
A corto plazo, en Canarias, si el sector turístico recupera precios y tasa de ocupación, podemos disfrutar de un corto periodo de bonanza si esa afluencia monetaria se absorbe a través del comercio, la restauración, el ocio, la industria o la agricultura, si bien una recesión en los países emisores del turismo o la incertidumbre geopolítica derivada de la guerra en Ucrania podría ralentizar la ansiada recuperación.
Para paliar este impacto, se hace necesario articular una batería de ayudas económicas y fiscales, aparejadas a una selección eficiente de inversiones competitivas.
Por ello, las administraciones públicas tienen que desplegar toda la fortaleza de su presupuesto con políticas activas de empleo y de compensación temporal a los sobrecostes derivados de la guerra en Ucrania, junto con una rebaja de la fiscalidad que impulse la actividad económica y, por consiguiente, el empleo.
Necesitan adelgazar su gasto ineficiente y acometer una selección de infraestructuras que dispongan de financiación y de ejecución a corto plazo, para tirar de un compromiso público-privado para la ejecución de las mismas.
