Ser trabajador autónomo en este país no ha sido nunca una bicoca: de hecho, la legislación sobre autónomos de España es poco flexible, nada generosa con el esfuerzo de emprendimiento, y la aplicación de sus preceptos parece más petrificada que el esqueleto de un animal fósil. Las ayudas y medidas para proteger a los autónomos del impacto negativo del Covid han sido restrictivas y menos favorables que las que se aplican a las pequeñas sociedades. Ser autónomo en España es ser considerado a priori un delincuente: si tienes mayoría en una pequeña empresa y tú la administras, solo puedes hacerte pagos con una retención del 40 por ciento, no vaya a ser que estés autoesquilmándote y haciendo trampas a la Hacienda pública.
Además, a partir de principios de este año 2022, con la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos del Estado, habrá que pagar más cuota a la Seguridad Social. El artículo 105 de los Presupuestos establece que los ingresos de los autónomos a la Seguridad Social pasan a ser el 30,6 por ciento de la base de cotización, frente al 30,3 por ciento que se aplicaba el año pasado. Los Presupuestos contemplan una subida tanto de la base de cotización mínima como de la base de cotización máxima, que pasan a ser de 960,60 euros mensuales, frente a los 944,40 de antes y 4.139,40 euros mensuales, antes 4.070,10. Ese aumento de lo que hay que pagar a la Seguridad Social provocará inevitables subidas, que la ATA –la Asociación de los autónomos– ha evaluado entre 96 y 225 euros al año.
Probablemente, la mayoría considerará que no son grandes aumentos, pero muchos autónomos españoles, especialmente los autónomos societarios, tienen empleados. El incremento del salario mínimo también les afecta mucho. Sin embargo, lo peor no está en las subidas que plantean los presupuestos de este año, sino en la que se preparan para el próximo.
La reforma del sistema de pensiones del ministro Escrivá quiere imponer un nuevo modelo de cuotas a pagar por los autónomos, a implantar en una década y a partir del próximo 2023. Es cierto que las subidas han de producirse escalonadamente, pero eso no ha evitado que cunda la alarma: sin que haya comenzado siquiera la negociación de la reforma, la filtración por el Ministerio de la tabla de nuevas cotizaciones revela un sistema que contempla 13 tramos diferentes de ingresos, desde menos de 600 euros hasta más de 4.050. Se supone que las cuotas alcancen de forma progresiva sus cantidades finales, que en el caso de los ingresos más bajos –menos de 600 euros–, pasará de ser de 281 euros a ser de 184, mientras quienes coticen por más de 4.050 pasarán de pagar 352 euros a pagar 1.267.
La propuesta del ministro es absolutamente tramposa, y además por partida doble: se presenta como un progresista intento de reducirle la cuota a quienes menos ingresan –de menos de 600 hasta 900–, a costa del resto de los tramos. Pero no hay autónomos que coticen casi 300 euros por ganar menos de 600. Quienes cobran esa miseria no se gastan la mitad pensando en las pensiones, se mueven en la economía sumergida. Y solo son esos dos tramos los que bajan, el resto suben, algunos cuadruplicando la cuota. Pero ni siquiera eso es lo más disparatado de la propuesta del ministro. Lo más grave es la segunda trágala: los autónomos cotizarán en base a lo que facturen, no a lo que ingresen en neto. Un autónomo que facture más de 4.050 euros deberá pagar una cuota de 1.267, aunque él solo se quede con la mitad o la tercera parte, algo muy frecuente en trabajos relacionados con reparaciones o en pequeñas tiendas. Si usted es un carpintero autónomo con un empleado y factura más de 4.000 euros al mes, el hecho de que tenga que pagar a su empleado y comprar materiales para poder trabajar, al Gobierno le va a dar igual al cobrarle la Seguridad Social. Es imposible que una injusticia tan aberrante llegue a ser aprobada: no quedaría vivo ni un autónomo en este país. Pero resulta alucinante que el Ministerio lo haya propuesto. Los mandarines que nos gobiernan no parecen tener ni idea de cómo funciona el mundo.
