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Francisco Pomares

Salud mental

Con casi cinco mil contagios contabilizados ayer en Canarias, todavía hay quienes se endemonian porque el Gobierno ha declarado el toque de queda en la noche del 31 de diciembre. Y sooooolo desde la una de la madrugada a las seis de la mañana, no vaya a ser que se hunda el mundo si nos quedamos sin campanadas, uvas y el no-traje de la Pedroche. En fin, que seis personas muertas ayer no parecen ser suficientes para obligarnos a recapacitar en lo que significa que en estos momentos haya en las islas más de 36.500 contagiados pasando el Covid en sus casas, más un uno por cierto de la cifra de enfermos en hospitalización, y de ellos (los hospitalizados), casi uno de cada cinco pasándolas canutas en la UCI. Al ritmo de crecimiento actual de los contagios –las cifras duplican las de hace una semana–, esto realmente acojona, recuerda mucho el famoso problema del trigo multiplicándose sobre las casillas del tablero de ajedrez. La cosa acojona. Y mucho. La incidencia acumulada se mueve entre un uno por ciento a siete días, y un uno y medio a 14 días. Son cifras de vértigo, no tanto por lo que suponen ya de presión del sistema de salud, sino por la velocidad de su expansión: los ingresos diarios en cuidados intensivos representan ya el 44 por ciento del peor momento de la tercera ola. Y la cosa sigue creciendo.

Mientras eso ocurre se producen decisiones que resultan cuando menos chocantes: en contra del criterio de los expertos, la Comisión de Salud Pública, formada por el Ministerio de Sanidad y los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas, acordó en su reunión de ayer –exactamente como estaba previsto (casi anunciado) desde el día antes– acortar a una semana el aislamiento de aquellas personas que aún siendo diagnosticadas como positivas tengan solo un cuadro leve o resulten asintomáticas. El plazo –idéntico al que se aplica ya en Reino Unido y el que se ha propuesto en varios países europeos– cuenta desde el inicio de los síntomas o, si no los hay, a partir del test. Carolina Darias anunció ayer la aplicación de la medida desde hoy mismo, y recordó que el retorno a la actividad laboral no precisa de prueba diagnóstica alguna. También los contactos estrechos no vacunados de los infectados dejarán de estar en aislamiento a partir de los siete días. Y los ya vacunados –recuerden– no deben cumplir desde hace días ninguna cuarentena.

La decisión –adoptada tras un encuentro de menos de dos horas de duración– es netamente política y –ya se dijo– no ha logrado el apoyo de los técnicos, que de hecho han criticado que no se hiciera caso a la petición de esperar a tener más información, realizada por los expertos de la Ponencia de Alertas, que entienden no hay aún datos ni evidencias que avalen la decisión.

Lo que sí hay es una declaración muy contundente del presidente Sánchez, cada día más directamente implicado en la explicación de las variantes decisiones que se adoptan: «hay que guardar», ha dicho el boss, «un equilibrio entre la salud pública, la salud mental y el crecimiento económico». Pues sí, habrá que hacerlo a partir de hoy, pero las decisiones sanitarias basadas en criterios exclusivamente políticos o económicos no colaboran a mantener ni la cordura ni la estabilidad emocional de los administrados. Sobre todo cuando en los dos últimos años se nos ha hecho y dicho ya todo y su contrario: para empezar, que no se haría nada sin contar con el criterio de los especialistas, a los que ayer la Comisión de Salud Pública se pasó inmisericordemente por el arco de triunfo. O que la salud de los ciudadanos estaría siempre por encima de la economía. ¿En serio? Lo que ayer nos contó Sánchez es que la nueva filosofía covid es equilibrar ambas cuestiones. Sinceramente, yo creo que ya saben que esto no puede seguir tirando sine die de la máquina de hacer dinero y endosando el problema a nuestros hijos y nietos.

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